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La magistrada Alicia Pedrozo imprimió el trámite previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, a fin de que la Fiscalía General del Estado ratifique lo actuado por los agentes a cargo de la causa o presente acusación en contra de Dany Durand Espínola y otros cinco procesados por presunta estafa y asociación criminal, en el caso Mocipar.
“La presente causa al ser de un gran impacto social y al haber sido realizadas diversas diligencias conforme consta en el cuaderno de investigación fiscal, esta Magistratura, luego de un minucioso análisis de las constancias del cuaderno de investigación fiscal, como ser testimoniales, informes y documentales, tenemos que obran en la carpeta fiscal elementos de convicción en torno a la demostración de la existencia de hechos penalmente relevantes”, resalta Pedrozo en su resolución.
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La imputación se presentó ante el Juzgado en fecha 20 de junio de 2023, por parte de la fiscala Fátima Capurro; y el agente fiscal José Martín Morínigo asignado como coadyuvante por Resolución N° 20 del 3 de enero de 2024, solicitó el sobreseimiento provisional de los procesados, a fin de continuar con la investigación.
En la audiencia preliminar sustanciada este martes 16 de abril, las querellantes adhesivas Abg. Araceli Méndez, representante del Sr. Casildo Jiménez Samudio; y Abg. Gessy Ruiz Díaz, en representación de Elizabeth Grunert de Knetch, Juan Manuel Correra, Zunilda Álvarez de Colmán, Clotilde Centurión de Gómez y Roberto Portillo Medina; ratificaron sus acusaciones, pero luego se adhirieron al planteamiento del Ministerio Público.
Segunda imputación por presunta estafa con Mocipar
La imputación por presunta estafa y asociación criminal fue presentada por la fiscal Fátima Capurro, en junio de 2023, en contra del exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola y los ex directivos de Mocipar S.A; Fernando Román Fernández, Marcela Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampos de Román, y María Patricia Espínola de Durand.
Según la imputación la operativa, presuntamente ilegal, habría tenido como punto de partida ofrecimiento de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, mediante un esquema obteniendo beneficios económicos millonarios de manera mensual.
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De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, el ilícito se realizaba a través del programa televisivo que era emitido los días domingos bajo el nombre de “Domingo en Familia”.
Los bienes se ofrecieron a precios accesibles y eran promocionados durante el programa televisivo; sin embargo, los afectados, luego de haber pagado durante años, no obtuvieron los beneficios del círculo de sorteo de la empresa; al contrario, fueron advertidos a pagar planes extensos, o perderían todo lo pagado.