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El abogado José Alberto Marcet Testa, en representación de la actuaria judicial Juliana Romero Maciel en su apelación de la prisión preventiva dictada por el juez penal de garantías José Agustín Delmás Aguiar, solicitó a la Cámara de Apelaciones la revocatoria o la nulidad de la medida cautelar. La funcionaria judicial está imputada por sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
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La causa está caratulada como “Juliana Romero Maciel s/ sabotaje a sistemas informáticos y otros”, N°01-01-02-44/2023 – 1074.
Resolución infundada, sostiene el defensor
El abogado José Marcet Testa sostiene que el AI Nº 253 del 11 de abril de 2024, por el cual el juez Delmás Aguiar dictó la prisión preventiva, constituye una decisión judicial que ha incumplido manifiestamente disposiciones procesales y constitucionales.
Agrega que es una resolución arbitraria por ser infundada y apartarse a lo estrictamente planteado y que igualmente no han cumplido el trámite procesal previsto para los recursos.
El apelante también cuestiona que el fallo objetado no hace más que citar las normas y los tipos penales que se sospechan que podrían haber sido cometidos por la imputada Romero Maciel, sin ninguna mención o valoración a los argumentos que fueran expuestos por la defensa técnica.
También sostiene el abogado defensor que los hechos que le atribuyen a la imputada, constituyen delitos, con expectativas de penas privativas que no pasan los 5 años, además.
“No se han valorado las constancias presentadas por la defensa técnica en cuanto al arraigo suficientemente acreditado, como ser la propia carrera judicial de la imputada, siendo funcionaria judicial por más de 20 años”, sostiene el profesional Marcet Testa.
Asimismo, sostiene haber acreditado su domicilio particular con el certificado de vida y residencia de la comisaría jurisdiccional, además es madre de una hija menor de edad que tiene a su cargo, así como padres adultos mayores que dependen económicamente de ella.
En la audiencia de imposición de medidas también se acreditó la titularidad de un inmueble, un rodado a nombre de la actuaria, entre otros. Se dejó constancia de la salud de la procesada, certificados de tratamientos psicológico y psiquiátrico que lleva adelante para sobrellevar las enfermedades dolorosas que le aquejan y que comprometen su movilidad, ya que cuenta con varias cirugías de carácter traumatológico, una colocación de prótesis de cadera lado izquierdo por lo que diariamente realiza fisioterapia y ejercicios, entre otros padecimientos de salud, refiere el defensor.
El abogado Marcet Testa solicita a la Cámara de Apelaciones revocar la prisión preventiva o declarar la nulidad, o en su caso conmutarla por el arresto domiciliario.
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Prisión preventiva para la actuaria
El juez Delmás Aguiar en su AI Nº 253 había decretado para la actuaria judicial Juliana Romero Maciel (44) que sea remitida al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, por 15 días , y en caso de no recaer resolución en contrario, la misma deberá pasar a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Mujeres Casa del Buen Pastor, donde permanecerá en libre comunicación y a disposición del juzgado.
El magistrado había argumentado para decretar la prisión preventiva que se encontraban reunidos los presupuestos sustanciales para la procedencia de la medida cautelar, por encontrarse ante un hecho de características graves, no solo por la expectativa de pena sino también, por tratarse de hechos de interés público.
El juez de igual manera, argumentó que la presunta autoría de la actuaria en los hechos que se le atribuyen estaría sostenida con informes técnicos y testimoniales de los funcionarios judiciales; y que por su condición de actuaria judicial, la misma podría interferir tanto en los testigos como en otras funcionalidades que se hallen a su alcance.
Antecedentes del presunto sabotaje para ayudar a RGD
El 1 de noviembre de 2023, la fiscala Ruth Benítez imputó a la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, del Tribunal de Sentencia N° 21 de Asunción, por la supuesta comisión de los hechos punibles de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, como sospechosa principal de la modificación de un expediente de Ramón González Daher en el sistema Judisoft.
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De acuerdo con lo que se señala la imputación, la investigación se inició el 30 de agosto del año pasado por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos, contra personas innominadas en ese entonces, tras la denuncia hecha precisamente por Romero Maciel ante la oficina de Mesa de Entrada de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público.
Como presunta coartada, la actuaria había manifestado en esa ocasión que personas extrañas accedieron al sistema Judisoft (del Poder Judicial) con su clave y usuario, sin su consentimiento. Los supuestos desconocidos modificaron datos como el número de causa, año y carátula, de la causa N° 1.075/2021 caratulada “Ramón González Daher s/ testimonio falso” fue reemplazada por la causa N° 2.310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”.
Es así que, ante las sospechas surgidas tras las declaraciones testimoniales que se tomaron a funcionarios del mismo equipo de trabajo y que no coincidían con el relato de la denunciante, la agente del Ministerio Público se constituyó en las instalaciones del Poder Judicial para recabar mayores datos sobre el hecho investigado que posteriormente concluyó con la imputación de la actuaria judicial.