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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, reiteró el pedido de retiro de fueros para el diputado Esteban Samaniego ante la Cámara Baja, a pedido del fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta Dinamarca, en el proceso abierto por la presunta tragada de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, entre los años 2011 y 2017.
La nota remitida por el magistrado reiterando el pedido para el tratamiento de la pérdida de fueros para el legislador es el quinto petitorio que recibió la Cámara de Diputados en relación al imputado por administración en provecho propio, en calidad de coautor, y asociación criminal, como autor.
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Dicha solicitud, que se convirtió en la quinta, ingresó el 20 de diciembre de 2023 y antes de ese ingresó otro, que fue el cuarto pedido, remitido en agosto del 2023 por la jueza Mesalina Fernández Franco. Un año antes, el 22 de agosto de 2022, ingresaron otros dos pedidos, por casos de agresiones a políticos opositores.
Esto por una querella por difamación y calumnia por parte de la encargada de ingreso del Estadio Defensores del Chaco, Sara Prieto, a quien agredió en 2019. El tercer pedido de pérdida de fueros, lo había enviado el juez Rubén Ovelar el 8 de octubre del 2019. En todos los casos, los parlamentarios “compinches” de Samaniego hacen caso omiso y ni siquiera incluyen en el orden del día el pedido para su análisis.
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Imputación y relación con Esteban Samaniego
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Silvio Corbeta Dinamarca, había imputado el 11 de diciembre de 2023 al diputado colorado Esteban Samaniego, por los hechos de administración en provecho propio, en calidad de coautor, y asociación criminal, como autor; a su esposa la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, por administración en provecho propio, como cómplice.
Igualmente, fueron imputados la madre de Samaniego, Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, su cuñado Damián de Jesús Galarza y un excustodio y jefe de seguridad del diputado, suboficial de policía Cristhian Daniel Domínguez, por administración en provecho propio, en calidad de cómplices.
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De la misma forma, están investigados Andrés Alfredo Arrúa Brítez (representante legal de BH Service SRL), Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa (representante legal de BH Service SRL y socio, además de director titular de Conatel), Nelson Marcelo Fleitas Fleitas (apoderado de BH Service SRL), Pedro Osvaldo Etienne Villanueva (funcionario del Ministerio de Hacienda), por administración en provecho propio previsto, como cómplices y asociación criminal, en calidad de coautores.
Así también, Juan Agustín Fanego (director de Legión de Servicios SA), Vilma Concepción Fanego Otazú (directora y vicepresidenta de la firma Legión de Servicios SA), Justino Ayala Galeano (propietario de JA Construcciones SA), Benigno Villasboa Cáceres (actual secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Paraguarí), Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Bernardina Yegros de Cabañas, Ruth Mercedes Medina Yegros (exintendenta interina de Quyquyhó y funcionaria del TSJE), Líder Catalino Ramírez Ramírez y Soledad Ramona Pereira Ayala, fueron imputados por administración en provecho propio, como cómplices y asociación criminal, como coautores.
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Además, son objeto de investigación Manuel Olazar Duarte, por administración en provecho propio en calidad de coautor, y asociación criminal, en tanto que Enrique Javier Lovera Lezcano (jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la comuna de Quyquyhó), Guido Ramón Vargas Gaete (concejal municipal de Quyquyhó), Julián Olmedo Brizuela y Óscar Samuel Fanego Otazu serían cómplices en la comisión de administración en provecho propio y coautores en cuanto a la asociación criminal.
El fiscal Corbeta solicitó al juzgado que comunique a la Cámara de Diputados para que resuelva el desafuero del diputado Samaniego y para todos la aplicación de medidas cautelares, así como fianza personal o caución real sobre los imputados. Además, la inhibición general de enajenar y gravar bienes (muebles e inmuebles BH Services SRL, Soluciones Empresarial, Legión de Servicios, JA Construcciones SA y JOB Construcciones) y también el bloqueo de cuentas corrientes que estén a nombre de quienes se requiere en el proceso penal.
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Esteban Samaniego y la supuesta “tragada” millonaria en seis años
De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, Esteban Samaniego se desempeñó como intendente de la Municipalidad de Quyquyhó entre los 2011 y 2017, y en ese periodo habría efectivizado cinco cheques, totalizando la suma de G. 67.595.000, correspondientes a fondos de Royalties y de los fondos de Juegos de Azar de la comuna.
Por su parte, Patricia Corvalán habría efectivizado sumas de dinero por valor de G. 117.500.000 que debieron destinarse a la financiación de proyectos de infraestructura, educación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. En total realizó cinco retiros de dinero entre 2014 y 2016.
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De la misma forma habrían actuado Blanca María Álvarez viuda de Samaniego y el suboficial Cristian Daniel Domínguez, quienes entre el 2011 y 2017, supuestamente efectivizaron a través de la cuenta corriente de la Municipalidad de Quyquyhó por medio de cheques y así, presuntamente, retiraron sumas millonarias de dinero, con órdenes de pago a las empresas allegadas, comisiones vecinales y entidades privadas cercanas a Esteban Samaniego.
Se detalla que el cuñado del entonces intendente de Quyquyhó, Damián Galarza, realizó el retiro de G. 40.000.000, mientras que la madre Blanca Álvarez viuda de Samaniego retiró la suma de G. 20.000.000, el custodio de Samaniego, Cristian Domínguez efectivizó la suma de G. 93.500.000, mientras que la esposa y actual intendenta Patricia Corvalán efectivizó G. 117.500.0000 y Esteban Samaniego, G. 67.595.000, lo que totalizó un perjuicio de G. 338.595.000, según fiscalía.