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Según los primeros datos, tras la denuncia realizada por representantes legales de la empresa Alsa SA, hoy una comitiva fiscal - policial, acompañada por representantes legales de la citada firma, se constituyó en el lugar a fin de constatar la invasión, contabilizar e identificar a los presuntos invasores para luego solicitar el cese de la invasión.
Encabezaron el procedimiento los fiscales Ramón Javier Ferreira, titular de la unidad penal Nº 2 y el fiscal Oscar Paredes, de la unidad penal Nº 3 de la fiscalía zonal de Saltos del Guairá. El contingente policial estuvo encabezado por el comisario Roque Cañete, jefe de Seguridad Ciudadana de Canindeyú y el comisario Aldo Morel, jefe de la Grupo Especial de Operaciones (GEO).
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Sin embargo, cuando la comitiva intentó llegar hasta el fondo de la propiedad donde estarían alojados los indígenas, empezaron los disparos provenientes de la zona boscosa de la hacienda, por lo que nuevamente los uniformados y toda la comitiva tuvieron que replegarse, de acuerdo al relato de los denunciantes.
Según la abogada de la Michelle Bettancourt, una de las representantes legales de la propiedad invadida, los disparos fueron realizados con armas automáticas y directamente hacia la comitiva, cuyos integrantes milagrosamente resultaron ilesos.
Otro ataque, quema de tractor y un maquinista herido
El pasado 8 de febrero una similar situación se vivió en el sitio cuando una comitiva policial llegó al en el lugar luego de que indígenas atacaran a trabajadores de la empresa Alsa SA y quemaran un tractor y una sembradora. En dicha ocasión resultó con herida de bala un tractorista identificado como Luis Alberto López Pesoa.
Se trata de una propiedad que tiene una dimensión total de 1.560 hectáreas, de los cuales unas 970 hectáreas mecanizadas y unas 100 hectáreas de área boscosa fueron las que invadieron los nativos. Reclaman supuestos derechos consuetudinarios sobre dichas tierras.
Los representantes legales, sin embargo, aseguran que los indígenas están invadiendo todas las propiedades de la zona confabulados con narcotraficantes de quienes estarían recibiendo las armas automáticas para que nadie ingrese en las propiedades donde estarían cultivando marihuana y operando clandestinamente aviones con cargamentos de cocaína.
Tras la cosecha de la soja plantado en el lugar, con resguardo policial, los indígenas prohibieron el ingreso de sus dueños, lo que imposibilitó que se realizara una nueva siembra en el lugar, causando cuantiosas pérdidas económicas a la empresa propietaria.