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A las 9:00 de este miércoles debió realizarse la audiencia preliminar con relación a la causa caratulada “Miguel Ángel Servín Palacios y otros s/ lavado de activos y otros”, relacionada al caso Belia, ante la jueza penal de garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía. Sin embargo, el abogado Nelson López, defensor de Miguel Servín recusó a la magistrada y en consecuencia, la diligencia quedó suspendida.
El abogado Nelson López señaló en su escrito que en esta causa se formularon dos imputaciones, la primera por lavado de dinero según el artículo 196° del Código Penal y asociación criminal según el artículo 239° del Código Penal, el 12 de octubre de 2021; y el 12 de abril de 2021, el fiscal de Narcotráfico Isaac Ferreira amplió esta con nuevas calificaciones, con los artículos 42° y 44° pero de la Ley N° 1.340/88 de Drogas, relacionados al lavado de dinero y asociación criminal con un marco penal de hasta 15 años de prisión.
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En ese sentdo al defensor de Miguel Celular sostuvo que “ante esta circunstancia se ha presentado el recurso de reposición y apelación en subsidio, siendo rechazada, lo que confirma la falta absoluta de imparcialidad de esta juzgadora al permitir semejante atropello al debido proceso”. Añadió, que “esta forma de actuar ha demostrado un apartamiento claro del principio de imparcialidad que instituye el proceso penal en garantía de derechos de todo ciudadano”.
“Tan evidente fue la parcialidad de esta magistratura, teniendo en cuenta que se ha articulado oportunamente los mecanismos de control para subsanar la irregularidad; sin embargo S.S. decidió acompañar la flagrante violación cometida en perjuicio y de mis defendidos y de otros procesados en esta causa”, manifestó en su recusación el abogado que ejerce la defensa de Miguel Ángel Servín.
En esa misma línea expresó en el documento, que presentó anoche, que “la doble persecución penal es una figura inexistente en el proceso penal, sin embargo, en esta causa se dio por la sencilla razón de que contra los imputados vale todo, porque desde el primer momento todos fueron presentados ante la opinión pública como culpables”.
Ahora un Tribunal de Apelación es el encargado de analizar los fundamentos presentados por la defensa de Miguel Ángel Servín, y en consecuencia a ello resolver si ratifica a la jueza Rosarito Montanía o deriva la causa a otro juzgado penal de garantías.
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Inconstitucionalidades presentadas
El abogado Nelson López también señaló en su escrito que plantearon una “acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia”, la cual aún tiene pendiente la respuesta, “por lo que la providencia de admisión de la segunda imputación ‘no se encuentra firme’ aún para convocar a audiencia preliminar”.
También se presentó otra acción de inconstitucionalidad planteada, por parte de la acusada Liz Katherine Lailla que ya fue admitida por AI N° 190 del 24 de febrero de 2023 “y consecuentemente priva de firmeza a la resolución que convoca a audiencia preliminar”.
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Los acusados en el caso Belia
En la presente causa también fueron acusados el 12 de octubre de 2022, Miguel Ángel Servín Palacios, alias Celular, su exesposa Liz Katherine Lailla Villalba, así como su actual pareja Bruna Regina Martins Morais; al igual que el supuesto testaferro de Servín, Hugo Antonio Meza Huespe y la esposa de este, Maria Silvia Lezcano Monges.
También están acusados Aníbal Ramón Insfrán, Elvio María Vega Chaparro y Francis Marcelo Rojas Benítez, presuntos colaboradores del esquema narco presuntamente liderado por Miguel “Celular” Servín. De todos los citados, solo Miguel Servín se encuentra con prisión preventiva en Emboscada, pues afronta otras dos causas que ya esperan fijación de fecha para juicio oral y público.
La acusación presentada por el entonces fiscal de Delitos Económicos Juan Ledesma, porque el fiscal Isaac Ferreira y su coadyuvante la fiscala Fabiola Molas estaban recusados, contra los siete fue por los hechos asociación criminal y lavado de dinero, según la Ley 1340/1988, así como lavado de dinero y asociación criminal, en calidad de coautores, de acuerdo con lo prescrito en el Código Penal.
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Esquema de lavado del entorno de Miguel Servín
En la acusación fiscal se señala además que, pese a que Miguel Ángel Servín y su esposa Liz Lailla Villalba constituyeron la firma “Lizmi SA”, “ninguno puede justificar el origen de las sumas de dinero y vehículos utilizados para integrar la sociedad, como también para que funcione la misma, debido a que Lizmi S.A. en todo momento operó con dinero producto del tráfico internacional de drogas”.
Por lo que se presume, según la acusación, que con las ganancias obtenidas a través del tráfico internacional de sustancias estupefacientes, Servín y Villalba adquirieron bienes como inmuebles y otro tipo de propiedades en Pedro Juan Caballero, Asunción y Encarnación, vehículos de alta gama, al igual que artículos de lujo como. Los bienes muebles e inmuebles eran registrados a nombre de terceras personas y testaferros.
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A partir de 2019, Bruna Martins “empezó a obtener beneficios económicos del producto de la comercialización ilícita de cocaína liderada por Miguel Servin Palacios”. La mujer, ingresó varias veces al país desde 2011 en calidad de turista, sin embargo, en 2020 inició los trámites para obtener la radicación permanente, refiere la acusación.
Bruna Martins realizó varias operaciones financieras durante el 2020, como compra de inmuebles y vehículos de alta gama, y recién en 2021 se inscribió como contribuyente en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). La mujer “realizó diferentes operaciones, con pagos al contado en un periodo de tiempo relativamente corto” y las mismas “no condicen con su capacidad económica, considerando que no existen antecedentes respecto a transacciones financieras internacionales, declaraciones de ingresos transfronterizos, o acreditaciones a sus cuentas bancarias”, así como tampoco hay registros de que haya sido funcionaria pública o privada, siempre de acuerdo a la acusación fiscal.
Operaciones con organizaciones criminales
En cuanto a Hugo Antonio Meza Huespe, desde 2018, el mismo suscribió con Miguel Ángel Servín Palacios y Liz Katherine Lailla Villalba y la firma Lizmi S.A., contratos de compra venta de vehículos, una embarcación, un reloj y un departamento. Los mismos fueron extendidos hasta octubre de 2021.
La esposa de Hugo Meza, María Silvia Lezcano Monges, también sacó beneficios de la relación de su marido con Servín, pues mediante las operaciones realizadas por el esquema a través de las empresas manejadas por Hugo, como en las que es accionista, entre ellas Trigón S.A. y Al Frente Import Export S.A, obtenía réditos de otras o realizadas por su marido como la compraventa de vehículos con miembros identificados como parte de facciones criminales del PCC y el Comando Vermelho, según el escrito conclusivo.
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Inicios de Miguel “Celular” Servín en Uruguay
En la acusación se describe que Miguel Servín inició su “carrera” dentro del crimen organizado en 2001, cuando fue detenido en Uruguay, junto con otras personas de nacionalidad paraguaya, brasileña y uruguaya. En poder de estos se encontraron 7,288 kilos de cocaína y 8,117 de marihuana, ocultas en el motor de un lavarropas.
Junto con Servín había caído Gustavo Alvarenga Cardozo, alias Comandante, quien era considerado como administrador del narco condenado y extraditado al Brasil, Jarvis Chimenes Pavão.
Servín, Alvarenga y otro paraguayo identificado como Ronald Osvaldo Caballero Cantero, fueron condenados a cuatro años de prisión en Uruguay. Este hecho permitió a la Fiscalía determinar el periodo desde el que el hoy acusado incursionó en el crimen organizado, específicamente al tráfico de drogas.
Agrega la Fiscalía que esa dinámica “no se justifica con el periodo de tiempo que va desde 2004 al 2007 el señor Servín se dedicaba a la comercialización de celulares y chips telefónicos, lo cual no condice con la creación de una empresa denominada Lizmi S.A. en el 2010 con capital integrado de dos mil millones en conjunto con su señora esposa Liz Katherine Lailla Villalba”.
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Otros operativos
En 2017, durante el denominado operativo “Cielo abierto - Segunda fase”, fueron incautadas en total 22 aeronaves que eran utilizadas para el transporte de drogas y, eran abastecidas con combustible por la empresa “Lizmi SA”, constituída entre Miguel Servín y Liz Lailla Villalba, que prestaba ese servicio en el aeropuerto de Pedro Juan Caballero.
Dos del total de los aviones fueron relacionados a Miguel Servín en aquella ocasión, específicamente, las que contaban con la matrícula paraguaya ZP-TZP y ZP-BDK.
Posteriormente, ya en 2019, a través de datos e informaciones analizadas por la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Secretaría Nacional Antidrogas (SIU-Senad), se iniciaron los operativos “Texas”, “Caso Belia” y “Swiffer”, esta última en julio de 2020 y por la SIU de la Policía Nacional.
Los datos hicieron posible tener conocimiento sobre una organización criminal que operaba en la parte norte del país, que se dedicaba al tráfico y la comercialización de droga, específicamente cocaína, que era ingresada de Bolivia, para su posterior envío a otros continentes.
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Conexión Turrini-Servín
Según la acusación del Ministerio Público, Miguel Ángel Servín Palacios estuvo vinculado y mantenía comunicación constante desde el 2014, con el exdirector de Paraguay TV, Cristian César Turrini Ayala, actualmente condenado a 20 años de pena privativa de libertad.
Dicha relación se constató y corroboró mediante extracción de datos de los celulares de ambos acusados.
La conexión entre Miguel Servín y Cristian Turrini se inició a causa de problemas judiciales que tuvo en el pasado Miguel Servín en Uruguay por los hechos del 2001, ocasión en la que Turrini lo asesoró como abogado.
Operación entre Servín y Turrini para el tráfico
Con una relación de amistad, laboral y de tiempo ya, Miguel Servín y Cristian Turrini, planificaron el envío de cocaína a Europa, sin embargo esto fue descubierto por la Policía Federal de Amberes (Bélgica), al verificar contenedores que contenían carbón vegetal en bolsas de 20 kg cada una, consignados a la firma “Scaan Holanda”, que arribó el 25 de junio de 2020.
En el interior de ese cargamento fueron detectados 3.406 kilos de cocaína. Este hecho derivó en el inicio del caso “Swiffer” que a su vez, desembocó en la operación mediante la cual, entre el 19 y 21 de octubre de 2020, se detectaron 2.906 kilos de la misma sustancia en contenedores que estaban cargados con carbón vegetal, y debían salir del Puerto Terport de Villeta hacia Israel.
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Servín, como líder de la red, era el encargado de contactar con los compradores de Europa, quienes posteriormente contactaban -vía correo electrónico- con Cristian Turrini, para solicitar el producto, en este caso carbón vegetal, y así investir de legalidad la operación. Los destinos finales eran Israel y Portugal, utilizando siempre la conexión con Bélgica.