Abogado habría falsificado certificado médico para suspender juicio por abuso sexual

Un Tribunal de Sentencia denunció a un abogado ante el Ministerio Público, por la supuesta falsificación de un certificado médico. El mismo ejerce la defensa de un acusado por coacción sexual y abuso sexual en niños, y habría presentado el documento apócrifo para lograr la suspensión del inicio del juicio en el cual la acción penal está cerca de extinguirse.

La víctima de coacción sexual en grado de tentativa y abuso sexual en niños y adolescentes, sufrió los hechos cuando tenía 12 años hasta los 15 años. El supuesto autor hasta hoy no puede ser juzgado debido a que su defensa ya provocó la suspensión del juicio en 10 ocasiones.
La víctima de coacción sexual en grado de tentativa y abuso sexual en niños y adolescentes, sufrió los hechos cuando tenía 12 años hasta los 15 años. El supuesto autor hasta hoy no puede ser juzgado debido a que su defensa ya provocó la suspensión del juicio en 10 ocasiones.

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El pasado 23 de febrero se intentó dar por iniciado el juicio oral y público a un hombre acusado por los hechos de coacción sexual en grado de tentativa y abuso sexual en niños y adolescentes, cometidos presuntamente contra su sobrina política, en forma sistemática, desde que ella tenía 12 años hasta los 15 años. Pero el mismo se suspendió a pedido de la defensa.

La suspensión se dio porque el abogado defensor, Diego Herman González Villamayor, presentó un certificado médico, con membrete del Hospital General de Luque, que le indicaba reposo por 72 horas, por un diagnóstico de lumbalgia, prescrito supuestamente por el médico Rodrigo Díaz Barreto (26).

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En virtud a ello, el Tribunal se fijó nueva fecha para el 26 de febrero a modo de intentar iniciar el juicio, pero el abogado defensor presentó renuncia y el debate sufrió otra suspensión, la cual se constituyó en la décima oportunidad en que se frustró la intención de comenzar la audiencia.

En esa misma fecha también y ante la duda sobre el certificado de reposo médico presentado por el abogado Diego González, el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción de Central, presidido por la jueza Liz María Ramírez Cabrera e integrado por Javier Sapena Bibolini y María Leticia Frachi, resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público a modo que se investigue “con relación a la posible falsificación del contenido del documento público (resposo médico)”.

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Médico desconoce su firma y denuncia hecho ante Policía y MP

Las sospechas que despertó el certificado médico presentado por el abogado Diego González al Tribunal, hizo que la jueza Liz María Ramírez dé participación al médico forense del Poder Judicial Amrnado Cuevas, para que se constituya en el domicilio de González y constate su estado de salud, según consta en documentos a los que accedió ABC.

Según fuentes, el médico forense Cuevas no encontró en su vivienda al abogado González, por lo que después se comunicó vía llamada telefónica con el médico Rodrigo Díaz Barreto, para averiguar si diagnosticó al auxiliar de justicia y le prescribió el certificado, a lo que Díaz le respondió que si bien es su sello médico, la firma estampada en el documento no le pertenece.

El médico forense hizo el informe al respecto señalando lo dicho por el médico Rodrigo Díaz, presumiendo la falsificación del contenido del certificado médico. Esto fue leído por el actuario y en consecuencia el Tribunal de Sentencia, resolvió remitir el caso para su esclarecimiento a la Fiscalía.

Igualmente, el médico del Hospital General de Luque Rodrigo Díaz realizó su denuncia ante la policía de la comisaría 3° Central de Luque, señalando que “desconoce haber expedido dicho certificado en el cual fue usado el sello del mismo”. El caso se elevó también a mesa de entrada del Ministerio Público y este 29 de febrero, ingresó a la unidad de la fiscala Sandra Ledesma Espinoza.

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Plazo para la extinción de la acción penal está cerca de cumplirse

El fiscal del caso, Jorge Escobar Lara, expuso su preocupación ante la situación que envuelve el caso del que fue víctima por varios años una niña entre los 12 y 15 años, por parte de su tío político. Pues tras varios intentos, no se pudo ni siquiera iniciar el juicio oral y encima, el plazo para la extinción de la acción penal está cada vez más cerca.

El representante del Ministerio Público dijo a ABC que la defensa da por hecho que se sobrepasó el plazo, “pero nosotros tenemos el plazo de gracia de 64 días que la Corte Suprema de Justicia estableció por la pandenia, más el plazo que duraron las apelaciones e incidentes que se plantearon. Con todo eso sería el lunes 4 de marzo”.

Justamente para ese 4 de marzo a las 13:00 el Tribunal de Sentencia, fijó como nueva fecha para intentar dar inicio al juzgamiento del acusado. Es preciso señalar que la etapa ni siquiera llegó a la fase de incidentes, debido a las 10 suspensiones que se registraron.

De acuerdo con los antecedentes, el acusado por ser tío político de la víctima gozaba de la confianza de los demás familiares. Los manoseos en pecho y partes íntimas comenzaron cuando ambos fueron al odontólogo, ya que asistían al mismo consultorio. El hombre incluso intentó besarla en varias ocasiones a la entonces niña, quien por la presión de las amenazas de su victimario incluso llegó a cortarse las muñecas. El caso fue denunciado luego de que la misma le haya contado a su padre y directora del colegio.

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