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En el proceso abierto a la exjueza Lourdes Margarita Sanabria Bernal por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), el Tribunal de Apelaciones Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, integrado con los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Digno Arnaldo Fleitas Ortiz y Andrea Cristina Vera Aldana, resolvió conceder la prórroga extraordinaria solicitada por la fiscala de la Unidad Penal N° 5 de la Barrial 3 Sajonia, Claudia María Aguilera Jara.
La decisión se dio a conocer a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 29 del 23 de febrero pasado, que establece como nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo (acusación o sobreseimiento definitivo) el 6 de junio de 2024.
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Antecedentes de las prórrogas solicitas por el Ministerio Público
El acta de imputación N°22 de fecha 4 de septiembre de 2023, en contra de Lourdes Margarita Sanabria Bernal y Hugo Ricardo Ortíz Insfrán, es por la supuesta comisión de los hechos punibles previstos en los Art. 301 inc. 2° cohecho pasivo agravado, en calidad de coautores art. 29 inc. 2 del Código Penal.
En consecuencia el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, del Segundo Turno a cargo del juez José Agustín Delmás Aguiar, fijó fecha de requerimiento conclusivo para el 6 de diciembre de 2023.
Luego por A. I. N° 493 del 27 de octubre de 2023, este juzgado hizo lugar a una prórroga ordinaria por el plazo de 3 meses, solicitado por la Agente Fiscal Claudia Aguilera y se señaló para que el Ministerio Publico presente requerimiento conclusivo el 6 de marzo de 2024.
Nuevamente, la fiscala Aguilera solicitó prórroga extraordinaria el 13 de febrero de 2024, y la Cámara de Apelaciones concedió lo solicitado y extendió el plazo hasta el 6 de junio de 2024, fecha en la que el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo.
El caso está caratulado como “Lourdes Margarita Sanabria Bernal y otros s/ cohecho pasivo agravado (Ley 6379)”.
Diligencias pendientes que alega la Fiscalía
La fiscala Claudia Aguilera fundó su requerimiento de prórroga extraordinaria en las diligencias que estaban pendientes, que son las siguientes:
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- Pericia informática del contenido del aparato celular proveído por la denunciante, Abg. Sary Hellman
- Estado del Sumario Administrativo N° 41283/2020, obrante en la Superintendencia General de Justicia, contra la ex magistrada Lourdes Margarita Sanabria Bernal y el actuario Hugo Ricardo Ortiz Insfrán.
- Copia autenticada del cuaderno de entrada y salida de usuarios del Juzgado de Neuland de los días 20 de agosto al 25 de septiembre de 2020
- Copia autenticada del expediente civil caratulado: “Arsenio Erico Rodríguez Viana c/ David Han Hwang y Diego Portalupi s/ interdicto de Retener la posesión”. Expte. 25/2020, obrante en el Juzgado de Primera Instancia Multifuero de la ciudad de Neuland, Filadelfia y Loma Plata
- Informe de compañía telefónica sobre los titulares de los números utilizados para los pedidos de coima.
- Informe de la Corte Suprema de Justicia respecto a los funcionarios que prestaban servicios en el Juzgado de Primera Instancia Multifuero de la ciudad de Neuland, Filadelfia y Loma Plata, entre los meses de agosto y noviembre de 2020.
- Cualquier testifical y/u otra diligencia que pudiera surgir luego de la conclusión de la pericia informática de extracción de datos de los aparatos celulares...”.
Destituida por el JEM por presunto pedido de coima
La abogada Sary Hellmann había denunciado a la entonces jueza Lourdes Margarita Sanabria Bernal y al actuario judicial Hugo Ortiz, por intento de cobro indebido de viático para una constitución ante la Corte Suprema de Justicia. El hecho fue registrado en un audio hecho por la abogada denunciante en el cual incluso se puede escuchar en un momento que la ahora exmagistrada justifica el cobro diciendo que “así se manejan las cosas en la zona”.
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Lourdes Margarita Sanabria Bernal en un primer momento fue suspendida en sus funciones sin goce de sueldo por la Corte Suprema de Justicia debido a la solicitud de dinero para realizar una constitución del juzgado. La Corte, a través de una acordada, fijó que el monto para lo antes mencionado es de G. 1.700.000, mientras que Sanabria solicitó G. 6.000.000, tres veces más del valor.
El 17 de febrero de 2022, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la destituyó de sus funciones.
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Los integrantes del JEM que tomaron esta decisión fueron Jorge Bogarín Alfonso, entonces presidente; los diputados Rodrigo Blanco y Hernán Rivas; los senadores Enrique Bacchetta y Fernando Silva Facetti; los ministros de la Corte, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, y la representante del Consejo de la Magistratura, Mónica Seifart.