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La ratificación del Ministerio Público para desestimar, se da en respuesta al trámite de oposición impuesto por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, en base a lo establecido en el artículo 314° del Código Procesal Penal, contra la causa abierta en relación al ex vicepresidente Hugo Velázquez y su amigo Juan Carlos Duarte, Charly, ex director jurídico de la EBY.
En caso de esta ratificación sea rechazada nuevamente, será la Fiscalía Adjunta a cargo de la fiscala adjunta Matilde Moreno la encargada de contestar.
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Los agentes fiscales del Ministerio Público fundamentaron su reiteración en que “los elementos colectados durante la investigación no permiten confirmar los hechos denunciados por el embajador norteamericano, Marc Ostfield, el 12 de agosto de 2022″, fecha en la que tanto Velázquez como Duarte fueron declarados “significativamente corruptos” por los Estados Unidos a través de su Embajada en Paraguay.
La designación fue porque supuestamente Hugo Velázquez a través de su amigo Juan Carlos Duarte, habría ofrecido la suma de US$ 1.000.000 a un funcionario público para interferir en una investigación que afectaba sus intereses personales y financieros.
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Investigación fiscal y pocos datos de EE.UU.
De acuerdo con lo manifestado por los fiscales en su escrito de pedido de desestimación, se realizaron actos investigativos a fin de corroborar lo comunicado por la Embajada de Estados Unidos, entre ellas un pedido de colaboración internacional a modo que remitan datos relacionados y en los cuales se basaron para emitir dicha declaración.
El país del norte contestó el petitorio el 14 de febrero de 2023. En el escrito se informaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado Antony Blinken, envió un comunicado de prensa obtenido del Departamento de Estado de ese país. Específicamente, según señalaron los fiscales, ese informe no arrojó datos nuevos a los que ya se tenían en el marco de la causa.
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Ese escrito no tenía datos objetivos, no ubicaba los hechos en tiempo y espacio, y tampoco la identificación del proceso que supuestamente Velázquez intentó interferir.
Se llevaron a cabo otras diligencias investigativas más para confirmar las circunstancias, pero estas no permitieron establecer la existencia de indicios para un proceso penal.
Significativamente corruptos
El vicepresidente de la República fue acusado por el gobierno de EE.UU. de ofrecer “un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público paraguayo, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida”. “Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros”.
La familia de Velázquez también fue alcanzada con la designación: su esposa la fiscala adjunta Lourdes María Andrea Samaniego González y sus hijos: Dionicio Adalberto Velázquez Giménez; Sonya Rebeca Velázquez Escauriza y Hugo José Velázquez Escauriza.
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Juan Carlos “Charly” Duarte, designado como significativamente corrupto el 12 de agosto de 2022 por Estados Unidos como partícipe en hechos de “corrupción significativa” junto al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, es un amigo personal del vicemandatario y exfiscal del departamento de Alto Paraná, que actualmente ostenta el cargo de director jurídico en la Entidad Binacional Yacyretá.
El embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, dijo que el Departamento de Estado de EE.UU. cuenta con “información creíble” de que el vicepresidente Velázquez, a través de Duarte, ofreció un soborno de un millón de dólares a un funcionario público supuestamente para obstruir una investigación que afectaba los intereses del vicemandatario.
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Denuncia puede ser reabierta
Por otro lado, aclaran que conforme a la ley, “cualquier denuncia desestimada puede ser abierta siempre que existan nuevos elementos que modifiquen los hechos que sirvieron como fundamento para el requerimiento”.
Por lo tanto, solo se podría revertir la desestimación “de esta variación se puede establecer posible existencia del hecho punible”.
Con estas prerrogativas, dicen los fiscales, buscan evitar “la impunidad en aquellos casos donde el caudal probatorio es insuficiente, pero no inexistente”.
La Fiscalía considera que ya acabó las diligencias de recolección de elementos, sin embargo no obtuvo indicios que permitan señalar la existencia de hechos relevantes penalmente, motivo por el cual, insisten, corresponde la desestimación.
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Argumentan que solicitaron al Departamento de Justicia que provea toda la información que tuviera disponible vinculada con las afirmaciones realizadas por el embajador estadounidense durante una conferencia de prensa que dio el 12 de agosto de 2022.