Cargando...
El exministro de Hacienda Dionisio Borda declaró este martes en el juicio oral y público al comisario (SR) Eusebio Torres Romero, acusado de presunta tortura contra tres víctimas del régimen dictatorial de Alfredo Stroessner (1954 - 1989).
El testigo, quien declaró por medios telemáticos, relató que fue uno de los que estuvo preso en la sede de Investigaciones de la Policía Nacional, donde estaba como jefe Torres Romero; y fue sometido a todo tipo de apremios físicos.
Lea más: Tribunal rechaza prescripción de causa por supuesta tortura en el año 1976
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, como presidente, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado; resolvió que el juicio oral prosiga este viernes 16 de febrero, a las 8:00. Ese día el colegiado se constituirá en el sitio donde funcionaba el Departamento de Investigaciones de la Policía, para la reconstrucción de los hechos denunciados en la presente causa.
Una vez que finalice dicha diligencia los jueces se trasladarán hasta el Palacio de Justicia de Asunción para proseguir con el juzgamiento, que está en la etapa de producción de pruebas testificales. De los testigos propuestos por la fiscala Sonia Sanguinés y la querella adhesiva, solo restan las declaraciones de Euclides Acevedo y Rodolfo Aseretto.
Piden presencia del acusado en la sala de juicios
La activista de Derechos Humanos Guillermina Kanonnikoff, esposa de una de las víctimas de la dictadura, cuestionó que el acusado Eusebio Torres Romero participe de su juicio oral y público desde su casa, por medios telemáticos. Solicitó que el Tribunal de Sentencia ordene la presencia del presunto torturador en la sala de juicios orales.
Lea más: Imputan a exrepresor Eusebio Torres y no pueden pedir prisión
Kanonnikoff calificó de cobarde a Torres Romero, debido a que el acusado “no se atreve ni siquiera a venir dos cuadras” para su juicio oral. “Si le ves a través de la PC, le ves fresquito y con la cabeza levantada, siempre fue un soberbio y un cobarde y queremos que esté presente, y dé la cara y no a través de una camarita”, cuestionó.
Por otro lado, la activista de Derechos Humanos confirmó la muerte del expolicía stronista Juan Aniceto Martínez, quien fue condenado y procesado en otras causas por hechos de tortura durante el régimen dictatorial. “A mí también me torturó y en presencia de mi hijo”, relató la mujer.
Resaltó que los dirigentes del Partido Colorado que ahora están en el poder son corresponsables de los hechos cometidos durante la dictadura, ya que “jamás tuvieron la decencia de quitar de sus filas a personas como Pastor Coronel del Departamento de Investigaciones de la Policía en época stronista, quien torturó a muchas personas incluido el fundador de las Ligas Agrarias Cristianas”, según cuestionó.
Lea más: Piden a la Corte que siga juicio a Eusebio Torres por delitos de lesa humanidad
Antecedentes del caso
La presente causa se inició con una denuncia presentada el 9 de mayo de 2011 por los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, además de Teresa Dejesús Aguilera de Casco, ante la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos.
Según la denuncia, Carlos Ernesto Casco habría sido trasladado desde Corrientes (Argentina) en una embarcación paraguaya hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía, en Asunción. Estuvo preso e incomunicado, además de recibir diversas agresiones físicas y sociológicas.
Luis Alberto Casco, por su parte, habría sido detenido de forma irregular el 9 abril de 1975 en Villarrica por policías de la alcaldía del barrio Ybaroty. Luego, supuestamente fue remitido a la Delegación de Gobierno de Guairá, donde según la acusación fue sometido a apremios y torturas físicas hasta el 12 de abril de 1976; es decir, por el periodo de un año. Luego fue trasladado a Investigaciones de la Policía y derivado a un calabozo con otros detenidos políticos.
Lea más: Pospondrían nuevamente inicio del juicio por tortura que enfrenta Bower
A su vez, Teresa Dejesús habría sido privada de su libertad en Encarnación el 2 de abril de 1976, sin orden judicial, y fue remitida hasta la Delegación del Gobierno de Itapúa. Allí habría sufrido todo tipo de maltratos, tanto físicos como psicológicos, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.