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Tras el cuestionamiento de la ministra de la Corte Suprema de Justicia María Carolina Llanes por el abuso de la prisión preventiva por la falta de “racionalidad” de los jueces penales de Garantías, el ministro Alberto Martínez Simón se sumó al reclamo. Afirmó que, si bien no se ha logrado aún llegar al porcentaje ideal, la relación entre personas con prisión preventiva y condenadas ha disminuido en gran medida, en comparación al porcentaje que se tenía al inicio del presente siglo.
“Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, hace unas décadas atrás, se hablaba siempre del 90 por ciento, incluso del 95 por ciento de personas sin condena. Hoy esos guarismos mejoraron ostensiblemente; no llegamos aún al ideal, ni mucho menos, pero hay que reconocer que mejoramos muchísimo la relación entre personas con prisión preventiva y personas que cumplen condena”, expresó ayer en contacto con ABC Cardinal el integrante de la Sala Civil del máximo tribunal.
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En ese sentido puntualizó que con la Acordada N° 1.511 dictada en marzo de 2021, la Máxima Instancia Judicial busca una línea de conducta procesal de los magistrados en general, a la hora de aplicar las normas que establecen la excepción de la prisión preventiva; y que, en lo posible, los ciudadanos litiguen en libertad.
Magistrados corruptos no son confirmados
Por otro lado, el ministro Martínez Simón afirmó que la gran masa de fiscales y magistrados “son personas decentes”, pero existen casos puntuales en los que una minoría de jueces y agentes del Ministerio Público son corruptos.
Resaltó que estos fiscales y jueces son lo que permiten la libertad de personas que representan un peligro para la sociedad, como aquellas que son reincidentes; y por otro lado envían a prisión a los procesados por hechos que son bagatelarios.
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Martínez Simón sostuvo que el pleno de la Corte Suprema de Justicia siempre tuvo en cuenta los casos de sospechas de corrupción y no confirmó en sus cargos a los fiscales y magistrados denunciados; incluso llevó estos casos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Aseguró que continuarán con esta línea de actuación, ya que el objetivo es “sanear el sistema”.
Solo 30% de presos tiene condena
Según el último reporte del Ministerio de Justicia, de 17.660 personas privadas de su libertad, solo el 30 por ciento cumple una condena; mientras que el resto, que representa el 70%, afronta su proceso penal cumpliendo prisión preventiva.
Prisión preventiva “es excepcional”
El 24 de marzo de 2021 el pleno de la Corte Suprema de Justicia dictó la Acordada N° 1.511, que señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional como establece el Artículo 19 de la Constitución Nacional, proporciona una guía para tal efecto y promueve el uso de la revisión de oficio como instrumento para la descongestión penitenciaria.
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En el documento los ministros del máximo tribunal recuerdan a los magistrados que la prisión preventiva no debe ser aplicada como una condena anticipada, y que su aplicación debe darse como “última ratio”, para disminuir la superpoblación en las cárceles.