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El exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez, cumplirá arresto domiciliario en su casa particular ubicada a 150 metros de la comisaría de Quiindy, departamento de Paraguarí, así lo resolvió el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, quien interina al juez Humberto Otazú, Especializado en Delitos Económicos, tras sustanciarse la audiencia de imposición de medidas. Además le impuso una fianza real sobre dos inmuebles, valuados en total en G. 1.700 millones y lo emplazó a presentarse a su declaración indagatoria dentro de tres días.
Durante la diligencia la fiscala Natalia Cacavelos se ratificó en el pedido de prisión contra el exfuncionario judicial, teniendo en cuenta que fue imputado el 31 de julio de 2023 y el pasado 1 de diciembre de ese mismo año fue declarado su rebeldía además de haberse ordenado su captura. La Fiscalía debe presentar su requerimiento conclusivo en esta causa el próximo 31 de mayo, tras habérsele otorgado una prórroga extraordinaria.
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La defensa de Velázquez, ejercida por el abogado Richard Peralta, pidió una medida menos gravosa a la prisión alegando que padece un cuadro de ansiedad y depresión aguda, apelando al artículo 238° del Código Procesal Penal, que trata de las limitaciones de la prisión preventiva.
Por su parte, la fiscala Cacavelos señaló que no se daban los requisitos para aplicar el artículo 238° del CPP, porque no se trata de una enfermedad grave o terminal. Además, se dieron las constancias médicas. A todo esto, “no se puede dejar de observarse que estuvo rebelde por más de un mes”, puntualizó Cacavelos.
Velázquez había litigado desde la clandestinidad por 4 meses, con incesantes chicanas, por lo que la Cámara de Apelaciones lo declaró como litigante de mala fe.
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Velázquez aparece en las diferentes denuncias como supuestamente parte de una rosca protegida por el clan Fretes, cuyo principal referente es el exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes, para el supuesto despojo de tierras, en especial, los que estaban bajo el dominio de la Sindicatura General de Quiebras, por muchos años considerada feudo del exmáximo integrante del Poder Judicial.
Rebeldía y pedido de captura
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, declaró en rebeldía y dictó la captura del exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, a través del AI N° 3, luego de que un Tribunal de Apelación haya rechazado un recurso planteado por el abogado Robertí Ariel Cardozo, defensor de Velázquez, en contra de la providencia que admitía la imputación y lo convocaba para su audiencia de imposición de medidas.
Velázquez, había sido citado el 30 de noviembre por la Fiscalía para su audiencia indagatoria, sin embargo sumó una nueva incomparecencia. Así y con constantes incidentes frenó hasta el día de hoy el normal desarrollo del proceso investigativo en su contra, pues planteó una serie de acciones dilatorias, entre reposiciones y recusaciones, desde la clandestinidad.
El imputado Blas Velázquez, en los cuatro meses de proceso no se presentó aún ante la justicia y en distintas oportunidades cuestionó las actuaciones del Ministerio Público, así como los hechos que se le han atribuido, pero siempre desde la clandestinidad.
Chicanas sin freno desde la clandestinidad
Desde 31 de julio cuando la fiscala Natalia Cacavelos imputó a Blas Velázquez por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento de contenido falso, el mismo ya acción en seis ocasiones. Así, el 7 de agosto pasado planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio; luego, el 30 de agosto volvió a presentar una reposición contra una providencia del juez Humberto Otazú emanada el 24 de agosto.
Después de esos dos recursos, su defensa planteó un recurso de apelación general el 5 de setiembre, y más adelante su abogado Robertí Ariel Cardozo presentó el 21 de setiembre otro escrito de apelación general contra el AI N° 225 del juez Humberto Otazú, en el cual rechazaba el recurso de reposición planteado contra la providencia del 24 de agosto, que admitía la imputación.
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Posteriormente, formuló recurso de reposición contra la providencia del 30 de octubre y después de ello, planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evitando de esta forma que se llegue a sustanciar la audiencia de imposición de medidas para el incoado Velázquez Fernández.
A todo esto se suma que, una denuncia que realizó Velázquez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, por la orden de detención librada en su contra. Además, el exsíndico de Quiebras también recusó en cinco ocasiones a la fiscala Natalia Cacavelos, que fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cada una de ellas y, cada una fue blanco de impugnaciones nuevamente por los abogados de Velázquez. La causa volvió después de un mes a la unidad de Cacavelos, tras la última recusación.
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Intentó vender dos veces un mismo inmueble, afirma MP
La imputación fiscal resalta que Blas Velázquez, en su carácter de síndico de Quiebras de la Capital, asignado al proceso judicial caratulado “Banco Central del Paraguay c/ Banco Paraguayo Oriental S.I.F.E.C.A. s/ Declaración de Quiebra”, habría solicitado al Juzgado en lo Civil y Comercial del 5° Turno de la Capital, la autorización para proceder a la venta privada de la Finca 12.096 a favor del Sr. Edgar Ramón Larramendia Vera.
Sin embargo, el inmueble ya habría sido objeto de una venta privada anterior en fecha 29 de mayo de 2009, con intervención del agente síndico Juan Alberto Figueredo, de acuerdo al relato del Ministerio Público (MP).
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Blas Velázquez, teniendo conocimiento de que la finca ya habría sido objeto de venta anterior por el doble del precio, habría omitido la existencia de dicha operación, procediendo así a una nueva venta, por el 50% menos del valor pagado por el primer comprador.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el monto de la primera venta (G. 71.000.000) ya habría sido abonado en su totalidad y la suma habría ingresado a los activos de la masa concursal, el síndico habría dispuesto el desembolso del monto abonado por los primeros compradores, presuntamente extrayendo así del activo de la fallida la suma de G. 71 millones.
La Fiscalía resalta que la conducta atribuida a Blas Velázquez habría producido un perjuicio patrimonial a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, que ascendería a la suma de G. 900.000.000, aproximadamente.