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El juez de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás fijó para el martes 13 de febrero, a las 8:00, la audiencia preliminar para la intendenta de Valenzuela, Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA), y otros 12 acusados en la causa por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, que causó un perjuicio de G. 1.199 millones a la institución municipal.
Teniendo en cuenta que hasta la fecha no se pudo sustanciar siquiera la audiencia de imposición de medidas, debido a las numerosas chicanas planteadas por las defensas, el magistrado hizo la convocatoria para la preliminar bajo apercibimiento que aplicará las sanciones dispuestas en los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal, a fin de evitar futuras suspensiones a causa de recursos dilatorios.
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Por otro lado, Delmás declaró litigante de mala fe al procesado Inocencio López, presidente del Comité Agrícola de Valenzuela que según la investigación endosó cheques para una constructora, a quien declaró en rebeldía y ordenó su captura.
Finalmente el juzgado convocó al Abg. Guido Fernández, defensor de la intendenta de Valenzuela, para una audiencia disciplinaria, como establecen los artículos 112 y 114 del Código Procesal Penal, por los numerosos recursos dilatorios que planteó el letrado a lo largo del presente proceso penal.
Los demás acusados por desvío de G. 1.199 millones
Los demás acusados en la causa son Cristhian David Flecha Fernández, tesorero de la Municipalidad de Valenzuela; Arq. Vera Maria Luz Balbuena Villalba, funcionaria permanente de la Cámara de Diputados actualmente comisionada a la Municipalidad de Isla Pucú como asistente de la Dirección de Obras; Elvis Ramón Balbuena López, exdiputado (periodo 2008 - 2013) y fiscalizador de obras; y Simón Candia Rolón, representante legal de la empresa “Marías Group S.A”.
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El Ministerio Público también acusó y pide juicio oral para Carlos Samudio Sánchez y Aníbal Samudio Sánchez, proveedores del Estado; Sergio Ariel Flecha Fernández, funcionario municipal (hermano del tesorero); Adolfo Mendoza Álvarez, Maglio César Nelson Muñoz Díaz, contratista; Dora Villagra Patiño, Secretaria General de la Municipalidad de Valenzuela; Verónica Acosta Cantero y Silva Francisca Espínola, secretarias del municipio.
Según la acusación presentada en marzo de 2023 por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia y Néstor Coronel, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos; estas personas estarían implicadas en una red creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para desfalcar a la comuna, cuyo perjuicio asciende a G. 1.199 millones, proveniente del Fonacide y Royalties.
En el Auto Interlocutorio N° 21 del 22 de enero de 2023 el juez de Garantías José Delmás resalta las numerosas advertencias con respecto al comportamiento desplegado tanto por los abogados de las defensas como por los acusados, a través de planteamientos meramente dilatorios, que han venido suspendido la realización de la audiencia preliminar en esta causa penal.
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Esta decisión del magistrado busca evitar que los acusados y sus defensas sigan dilatando la realización de la audiencia preliminar, que se viene postergando desde marzo del año pasado; y que el caso prescriba a causa de las numerosas chicanas planteadas hasta la fecha. En ese sentido el juez de Garantías hace referencia a lo establecido en el artículo 243 del Código Procesal Penal, que habla del peligro de fuga del imputado, en atención a su falta de voluntad de someterse al proceso.
Desvío con “obras fantasmas”, según Fiscalía
De acuerdo a la fiscalía, la intendenta Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios de la comuna y constructores para obtener facturas y justificar ante la Contraloría General de la República el uso del dinero del Fonacide. De esa forma los documentos se encontraban dentro de las normativas legales para seguir recibiendo transferencias del Ministerio de Hacienda en el año 2020.
Sin embargo, el descubrimiento de la red se dio cuando los concejales Fabián Flecha, Giraldina Núñez, Néstor Cantero y Mario Ávalos, comenzaron a verificar los documentos publicados por la Contraloría. Los mismos comenzaron a recorrer las zonas de las obras encontrándose con la sorpresa de que no existían, es decir se trataban de “obras fantasmas” que costaron G. 1.199 millones.
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La supuesta red estaría integrada por la intendenta y el tesorero que firmaba los cheques a nombre de Liz Fleitas (representante legal de MLF Constructora) y Blásido Candia (representante legal de BC Constructora). De acuerdo a los documentos estas serían las empresas ejecutoras de las obras. El encargado de “supervisar” y dar el visto bueno de los trabajos era Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de obras.
También estuvieron involucradas, las secretarias municipales Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes procesaban la documentación así como Sergio Flecha, funcionario municipal (hermano del tesorero), encargado de recibir el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras.
Asimismo los agentes fiscales detectaron que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y además el presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora.