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Rosarito Soledad Montanía de Bassani, jueza Penal de Garantía Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno de feria, resolvió no hacer lugar la revisión de medidas cautelares solicitada por el acusado Gerardo Vidal Vallejos Soler, procesado por narcotráfico en el caso Mercat, por varios hechos punibles derivados de la Ley 1340 De drogas y la Ley 6379 De lucha contra el Crimen Organizado.
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Montanía de Bassani por Auto Interlocutorio (A.I.) N°7 del 12 de enero de 2024, resolvió confirmar la prisión preventiva para Vallejos Soler en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, dictada en su momento por esta misma magistrada mediante el A.I. N°78 del 30 de marzo de 2022.
La revisión de medidas cautelares fue solicitada por el abogado Osvaldo Arrúa, defensor técnico del acusado Vallejos Soler.
La causa analizada está identificada como N°2373/2022, caratulada “Walter José Galindo Domínguez y otros s/ Ley 1881/2002 Que modifica la Ley 1340 (Ley N°6379 Crimen Organizado)”.
Causa Mercat a juicio oral y se aguarda sorteo de tribunal
Por A.I. N°335 del 29 de diciembre de 2023, la jueza Montanía declaró la apertura a juicio oral y público la causa “Walter José Galindo”. La calificación provisoria para Gerardo Vallejos Soler de acuerdo a la acusación es lo previsto en la Ley 1340/88, art. 27 (posesión de sustancias estupefacientes), art. 42 (asociación criminal) y art. 44 (comercialización de drogas), en concordancia con el art. 29 (autor) del Código Penal.
Los hechos punibles mencionados tienen expectativas de pena que van de 5 a 15 años de penitenciaría, pero en caso de concurso de hechos punibles, la expectativa de pena máxima podría llegar a 22 años y 6 meses de privación de libertad.
Actualmente se aguarda que el Departamento de Coordinación de Juicios Orales sortee al tribunal de sentencia que juzgará a los 14 acusados por los hechos punibles derivados del narcotráfico y otros delitos.
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Análisis del juzgado para confirmar la prisión preventiva
La jueza Rosarito Montanía de Bassani refiere que las cauciones ofrecidas (real y personal) por Vallejos Soler, no son suficientes para disminuir el peligro de fuga, que a la fecha ha aumentado con la admisión de la acusación y elevación de la causa a juicio oral.
Agregó la jueza que no existen garantías razonables que hagan presumir que el acusado se someterá al proceso. Además, conforme a la envergadura de la causa y a la expectativa de pena de los hechos punibles acusados, que en caso de concurso podría alcanzar la pena máxima de 22 años y 6 meses de privación de libertad.
En cuanto al peligro de obstrucción, la jueza alegó que con la admisión de la acusación y la apertura de la causa a juicio oral y público, la misma con mayor razón sigue vigente, por lo que resulta por demás necesario, asegurar el sometimiento de Gerardo Vallejos a las resultas del juicio oral.
La jueza concluye que ante estas circunstancias y al no reunirse nuevos elementos de convicción que hagan variar la situación procesal del acusado y que desvirtúen los motivos que en su oportunidad fueron tenidos en cuenta para mantener la medida cautelar de prisión preventiva, correspondía rechazar el pedido de la defensa técnica, por su notoria improcedencia.
Catorce personas a juicio oral en el caso Mercat
El 29 de diciembre de 2023, la jueza Montanía elevó el caso Mercat a juicio oral y público. Los hechos punibles atribuidos a José Galindo, el líder de la organización son: tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, asociación criminal y lavado de dinero, todos de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 1340/88 de drogas, y sus modificatorias, todos estos en calidad de coautor, así como soborno agravado en calidad de autor, mientras que a su pareja, Luz Guerrero, se le atribuyen la tenencia, asociación criminal y lavado en coautoría, así como el soborno agravado como autora.
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También fueron acusados por los hechos de tenencia, asociación criminal y lavado de dinero, en calidad de coautores, Cristhian David Galeano Lugo, alias Caco; Fernando Rafael Silva Riveros, alias Colo, estudiante del 5° curso de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); Marcos David Ortellado, estudiante del 4° curso de Derecho UNA; Mauro Javier y Lucas Ezequiel Rodríguez Figueredo, estudiantes del 3° curso de Derecho UNA; y Héctor David Rivas Cáceres, estudiante del 2° curso de Derecho UNA.
Así también, están acusados por los mismos hechos citados Fernando Adrián Ocampos Benítez, alias Rapai; Marcos Eduardo Ocampos Benítez; Alberto Fernando Emanuel Paniagua Musstto, alias Pobre; Gerardo Vidal Vallejos Soler, Fares Dan Ortiz Deleón y Pedro Santiago Godoy Vera. Todos en calidad de coautores.
El fiscal Carlos Alcaraz (ya jubilado), en la acusación, indicó que se pudo determinar que la organización estaba supuestamente liderada por Galindo, quien contaba con otros varios miembros a su servicio y también colaboradores. Así adquirían cocaína, marihuana, pastillas sintéticas y otras drogas en los departamentos de Concepción y Amambay, y que luego eran trasladadas hasta Central para su comercialización.
Galindo adquiría drogas del norte y las vendía en Central
De acuerdo con el relato de hechos presentado por el fiscal Carlos Alcaraz en la acusación, se pudo determinar que la organización estaba supuestamente liderada por Walter José Galindo, quien contaba con otros varios miembros a sus servicios y también colaboradores para la actividad adquirir las sustancias ilícitas que luego eran distribuidas.
Los estupefacientes como cocaína, marihuana, pastillas sintéticas y otras, eran adquiridas en los departamentos de Concepción y Amambay, y luego eran trasladadas hasta el departamento Central, donde posteriormente eran distribuidas en cantidades considerables a otras personas que estaban alistadas para la comercialización en la modalidad de menudeo.
José Galindo, en ese sentido, se desempeñaba como líder y era el encargado de coordinar los envíos de las sustancias a terceras personas, quienes a su vez también distribuían las mismas para el abastecimiento de los demás distribuidores encargados por las distintas zonas de capital y Central que les fueron asignadas. Asimismo, estos rendían cuentas a otros miembros del grupo que le llevaban las ganancias a Galindo.
Galindo tenía el apoyo de su pareja Luz Guerrero, quien se desempeñaba como contadora y era quien realizaba el registro de los ingresos, egresos y también los gastos y el pago a autoridades para desmarcar al grupo de los controles y algún que otro operativo, siempre según lo que asegura la acusación del Ministerio Público.