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En comunicación con ABC Cardinal este martes, Humberto Blasco, concejal municipal de Asunción por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), comentó que mañana tendrá lugar una sesión de la Comisión Permanente de la Junta Municipal de Asunción -actualmente en receso– a la que están convocados representantes del consorcio Parxin, encargado de la implementación del sistema de estacionamiento tarifado en tres zonas de la capital.
Habiendo transcurrido una semana desde la entrada en vigencia del estacionamiento tarifado en el centro de la ciudad y las zonas de Sajonia y Villa Morra, continúan las denuncias de problemas técnicos vinculados a la aplicación para teléfonos de Parxin, fallas en facturación y una sensación general de poca claridad en la comunicación por parte del consorcio hacia el público.
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El concejal Blasco señaló que, por contrato, Parxin está obligado a cumplir con requisitos como la capacitación adecuada del personal encargado de “ordenar” el estacionamiento, orientar a los conductores y verificar el pago; la adecuada difusión de información sobre el sistema y el adecuado funcionamiento de la tecnología involucrada.
A su juicio, además de los problemas técnicos, Parxin “no ha llegado a instalar la capacitación” sobre el funcionamiento del sistema en el público en general.
“Estuve exigiendo que la empresa dé la cara y explique qué está pasando. Se siente la tensión de la ciudadanía ante este servicio que se quiere implementar, que además de ser impopular tiene complicaciones para los ciudadanos cuando la idea era facilitarles la vida”, dijo.
Rescindir el contrato con Parxin
El concejal Blasco enfatizó que un incumplimiento del contrato por parte de Parxin podría dar a la Municipalidad causales para la rescisión sin tener que pagar una indemnización al consorcio.
El contrato con Parxin ya fue rescindido durante la administración municipal del intendente Mario Ferreiro (2015-2019). Sin embargo, esa rescisión fue revocada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el contrato debía ser cumplido y que la Municipalidad debería pagar una indemnización multimillonaria en caso de rescindirlo.
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“Si se va a abonar la indemnización, es una decisión política que se tiene que evaluar con mucha delicadeza, por las consecuencias legales de abonar una indemnización para una cancelación de un servicio que no fue prestado”, dijo el concejal. “Es un dilema legal y político”, aseveró.
Indicó, sin embargo, que el laudo arbitral que resultó en la sentencia de la Corte fue planteado antes de que saliera a la luz la controversia en torno al cambio del paquete accionario del consorcio, algo que se realizó sin informar a la Junta Municipal como obligan las normas.
Afirmó que ese punto será tratado en la sesión de mañana.