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En la mañana de este jueves se esperaba la lectura de la fallo del tribunal de sentencia de Luque, presidido por el juez Rodney Rejalaga e integrado por los magistrados Lilian Flores y Hugo Segovia, en el caso que se le sigue al extendente de Lambaré, Roberto Cárdenas (ANR) y otros por presunto desvío de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). . Los alegatos finales concluyeron la semana pasada y hoy solamente se desarrollaron las réplicas y dúplicas entre las partes del juicio.
El Tribunal de Sentencia finalmente decidió la postergación de la lectura de sentencia, sin que se haya argumentado el motivo, para el miércoles 10 de enero, a las 9:00.
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Según las fuentes, el tribunal estaría muy presionado para beneficiar al exintendente lambareño y los demás procesados, a pesar de que las pruebas en contra de los acusados los señalarían como los responsables de la perpetración del hecho punible de lesión de confianza.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público
La Fiscalía solicitó en sus alegatos finales la imposición de 4 años de prisión para el exintendente lambareño Roberto Cárdenas Ramírez, así como para Guido Fernando Salcedo, administrador del Colegio Nacional de Lambaré, en el proceso que enfrentan por lesión de confianza.
Para los acusados como cómplices del presunto hecho punible, Vicente Acosta Gibbons, director del Colegio Nacional Lambaré, y Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó por la municipalidad lambareña los planos referenciales de la obra que colapsó, la Fiscalía solicitó penas de 2 años de cárcel.
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La fiscala Teresita Torres cuestionó la dilación del proceso penal por la defensa y la calificó como innecesaria.
El caso tiene relación con el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré construido con recursos del Fonacide en el que el daño patrimonial sería de G. 266.730.000.
“El intendente es culpable de conceder la licitación a una constructora sin aportantes al IPS, no estar registrado a algún llamado de licitación pública. Por ende, el intendente tiene responsabilidad en el derrumbe”, expresó la agente del Ministerio Público.
Defensores pidieron la absolución
Los abogados defensores en el juicio oral pidieron la absolución de los acusados, argumentando que la causa responde a una persecución política. El abogado del exintendente Cárdenas, Pablo Reinero Villalba, afirmó que su cliente cumplió con el proceso administrativo para la ejecución de los fondos municipales, negando cualquier responsabilidad en el colapso de las aulas.
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De igual manera, los defensores de los demás acusados Acosta Gibbons, Salcedo y Villalba Cantaluppi, sobre quienes insisten en que son inocentes, solicitaron al tribunal que sus clientes sean absueltos.