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El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó el pedido de nulidad de la imputación y así, a través del AI N° 332 ratificó el proceso contra Andrés Arrúa Brítez y Andrés Isabelino Arrúa, así como mediante el AI N° 333 confirmó el proceso abierto contra Cristhian Daniel Domínguez Aponte, Ruh Mercedes Medina Yegros y Carlos Aurelio Bareiro, imputados junto al diputado Esteban Samaniego, por la supuesta “tragada” de los fondos de la comuna de Quyquyhó.
La defensa de Andrés Arrúa Brítez y Andrés Isabelino Arrúa, ejercida por el abogado Miguel Ortiz, así como la defensa de Domínguez, Medina y Bareiro, ejercida por el abogado Juan Ángel Núñez Barboza, plantearon incidente de nulidad contra el acta de imputación.
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El abogado Juan Núñez señaló en su pedido de nulidad que “el Ministerio Público no se refirió ni especificó en primer término cual fue la conducta ‘que es lo que hizo o lo que no hizo específicamente’, es decir, si la conducta de mi representado fue activa u omisiva, dolosa o culposa, tentada o consumada, a título personal o en representación de otro y cual fue esa conducta específicamente”. En la misma línea se refirió también el abogado Ortiz.
En representación del Ministerio Público, el fiscal Silvio Corbeta, respondió señalando que “los hechos atribuidos a los imputados son productos de la hipótesis descriptiva de los supuestos hechos punibles atribuidos a los mismos, contiene la narración de los sucesos que responde fundamentalmente a las interrogantes del “quien, que, como, cuando y donde” habría suscitado las circunstancias expuestas en el acta de imputación”.
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Corbeta añadió que en el acta de imputación se describe “de manera precisa y directa se describe el perfil de los imputados, la conducta desplegada por cada uno de ellos, su grado de participación en la comisión del hecho, y las calificaciones jurídicas de carácter provisorias a las que fueran subsumidas las conductas desplegadas por los recurrentes, resaltando su grado de participación y aporte dentro de la supuesta estructura criminal expuesta”.
Además, “el presente estado procesal es producto de un largo periodo investigativo, tiempo en el cual el Ministerio Público ha colectado suficientes elementos de pruebas, que han dotado de indicios concretos a fin de impulsar la acción penal pública y sostener la hipótesis fáctica primaria en cuanto a lasupuesta participación/colaboración de los procesados en la comisión de los supuestos hechos punibles que les fueran atribuidos”, añadió el fiscal.
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Un total de 23 imputados por supuesta “tragada”
Igualmente, fueron imputados la esposa de Samaniego y actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán; la madre Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, su cuñado Damián de Jesús Galarza y un excustodio y jefe de seguridad del diputado, suboficial de policía Cristhian Daniel Domínguez, por administración en provecho propio, en calidad de cómplices.
De la misma forma, están investigados Andrés Alfredo Arrúa Brítez (representante legal de BH Service SRL), Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa (representante legal de BH Service SRL y socio, además de director titular de Conatel), Nelson Marcelo Fleitas Fleitas (apoderado de BH Service SRL), Pedro Osvaldo Etienne Villanueva (funcionario del Ministerio de Hacienda), por administración en provecho propio previsto, como cómplices y asociación criminal, en calidad de coautores.
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Así también, Juan Agustin Fanego (director de Legión de Servicios SA), Vilma Concepción Fanego Otazú (directora y vicepresidenta de la firma Legión de Servicios SA), Justino Ayala Galeano (propietario de JA Construcciones SA), Benigno Villasboa Cáceres (actual secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Paraguarí), Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Bernardina Yegros de Cabañas, Ruth Mercedes Medina Yegros (ex intendenta interina de Quyquyhó y funcionaria del TSJE), Lider Catalino Ramírez Ramírez y Soledad Ramona Pereira Ayala, fueron imputados por administración en provecho propio, como cómplices y asociación criminal, como coautores.
Además, son objeto de investigación Manuel Olazar Duarte, por administración en provecho propio en calidad de coautor, y asociación criminal, en tanto que Enrique Javier Lovera Lezcano (jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la comuna de Quyquyhó), Guido Ramón Vargas Gaete (concejal municipal de Quyquyhó), Julian Olmedo Brizuela y Oscar Samuel Fanego Otazu serían cómplices en la comisión de administración en provecho propio y coautores en cuanto a la asociación criminal.
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El fiscal Corbeta solicitó al juzgado que comunique a la Cámara de Diputados para que resuelva el desafuero del diputado Samaniego y para todos la aplicación de medidas cautelares, así como fianza personal o caución real sobre los imputados. Además, la inhibición general de enajenar y gravar bienes (muebles e inmuebles “BH Services SRL”, “Soluciones Empresarial”, “Legión de Servicios”, “JA Construcciones SA” y “JOB Construcciones”) y también el bloqueo de cuentas corrientes que estén a nombre de quienes se requiere el proceso penal.
Esteban Samaniego y la supuesta “tragada” millonaria en seis años
De acuerdo con los datos expuestos en la imputación, Esteban Samaniego se desempeñó como intendente de la Municipalidad de Quyquyhó entre los 2011 y 2017, y en ese periodo habría efectivizado cinco cheques, totalizando la suma de G. 67.595.000, correspondientes a fondos de Royaltíes y de los fondos de Juegos de Azar de la comuna.
Por su parte, Patricia Corvalán, habría efectivizado sumas de dinero por valor de G. 117.500.000 que debieron destinarse a la financiación de proyectos de infraestructura, educación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos. En total realizó cinco retiros de dinero entre 2014 y 2016.
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De la misma forma habrían actuado Blanca María Álvarez Viuda de Samaniego y el suboficial Cristian Daniel Domínguez, quienes entre el 2011 y 2017, supuestamente efectivizaron a través de la cuenta corriente de Municipalidad de Quyquyhó por medio de cheques y así, presuntamente, retiraron sumas millonarias de dinero, con órdenes de pago a las empresas allegadas, comisiones vecinales y entidades privadas cercanas a Esteban Samaniego.
Se detalla que el cuñado del entonces intendente de Quyquyhó, Damián Galarza, realizó el retiro de G. 40.000.000, mientras que la madre Blanca Álvarez viuda de Samaniego retiró la suma de G. 20.000.000, el custodio de Samaniego, Cristian Domínguez efectivizó la suma de G. 93.500.000, mientras que la esposa y actual intendenta Patricia Corvalán, efectivizó G. 117.500.0000 y Esteban Samaniego, G. 67.595.000, lo que totalizó un perjuicio de G. 338.595.000, según fiscalía.
Empresas vinculadas a diputado Samaniego
El cuñado de Samaniego, Damián de Jesús Galarza, efectivizó cheques a través de la cuenta correspondiente a los Royaltíes de la Municipalidad de Quyquyhó, por medio de hojas de cheque del Banco Nacional de Fomento (BNF) por la suma de G. 40.000.000, que en el endoso tenían la firma de Galarza y fueron libradas a la orden de la firma “BH Service SRL” por la construcción de entubado y puente.
La empresa “BH Service SRL” habría proveído de todo tipo de servicios como obras, construcciones, proveedor de almuerzos escolares, limpieza, entre otros servicios. Esta es propiedad de Andrés Arrúa, amigo personal de Samaniego.
Sobre Arrúa, señala la imputación fiscal, que cobró cheques en representación de la empresa “BH Service” y también, de Estación de Servicios Saniel, Legión de Servicios SA, J.A. Construcciones, Consejo de Salud de la Municipalidad. Igualmente cobró honorarios profesionales de la asesoría realizada a la comuna por el contratado Benigno Villasboa, que aparece vinculado a su vez a las firmas “Legión de Servicios SA” y “JA Construcciones”.
Siguiendo el esquema figura el padre de Andrés Arrúa, Andrés Fulgencio Arrúa, quien adquirió la firma “BH Service” y en ese sentido también participó en varios contratos con la Municipalidad de Quyquyhó por la provisión de servicios.
En tanto que, Nelson Fleitas Fleitas, un exempleado, contador, administrador y apoderado de “BH Service”, además de propietario de “LM Construcciones”, también habría cobrado cheques de las firmas “JA Construcciones” sin que haya tenido vinculación con esta sociedad.
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Otra firma supuestamente conectada a esquema de “tragada”
Otra firma conectada al exintendente Esteban Samaniego es “Soluciones Empresariales”, propiedad de Pedro Osvaldo Ettiene Villanueva, que fue gestor de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) de la firma “BH Service”. Este fue contratado en 2015 por Samaniego para la elaboración de proyectos para la municipalidad y actuó como fiscalizador de las obras realizadas por “BH Service” a la comuna.
Entre las supuestas obras realizadas por “BH Service” figura la construcción de obras de entubados, en 2012; en el año 2013, la construcción del portal de acceso a la ciudad; el mantenimiento y hermoseamiento de la ciudad; reparación del colegio Fulgencio Yegros; y la instalación de aulas temáticas; mientras que en 2015, se adquirieron equipos para cocina en sedes educativas, insumos para almuerzo escolar, construcción de cocina en la escuela N° 76 Gral. Fulgencio Yegros y la reparación y mantenimiento de caminos vecinales.
También están “LM Construcciones”, propiedad del apoderado de “BH Service” Nelson Fleitas; “Legión de Servicios”, representada por Juan Fanego Otazo y Wilma Fanego Otazu, hermanos de Oscar Samuel Fanego Otazu, que a su vez es representante legal de “JOB Cosntrucciones”.
En este punto se destaca que Andrés Arrúa, amigo de Samaniego y propietario de “BH Service” era quien efectivizaba los cheques emitidos por la Municipalidad de Quyquyhó a favor de “Legión de Servicios”, cuyo contador era Benigno Villalba, que había sido contratado por Samaniego como asesor de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la comuna.
Integrantes de empresas estaban conectados entre sí
Siempre de acuerdo con la imputación fiscal, los cheques que eran emitidos por la Municipalidad de Quyquyhó a favor del representante de la firma “JA Construcciones”, Justino Ayala Galeano, eran cobrados por Andres Arrúa de “BH Services”; Benigno Villalba de “Legión de Servicios; Soledad Ramona Pereira Ayala, esposa del concejal municipal Líder Ramírez Ramírez, dueña de San Miguel Construcciones.
Además, Soledad Pereira, también aparece como la persona que cobraba los cheques librados a la Comisión de Ayuda Social San Miguel, a “BH Service” y a “JA Construcciones”; y finalmente Bernardina Yegros, suegra de Carlos Bareiro, el exintendente interino, que fue miembro de la Comisión Ayuda Social Barrio San Miguel, cónyuge del concejal Patrocinio Medina Benitez, madre de Ruth Mercedes Medina Yegros y de Teresita de Jesús Medina Yegros (concejal municipal suplente y vocal del Consejo de Salud).
Es así que se presume, según se detalla en el escrito del Ministerio Público, que entre el 2013 y el 2017 solo a favor de la firma “BH Services SRL” se realizaron pagos por un total de G. 3.231.368.398, además se ordenaron pagos por G. 595.460.962 para la firma “JA Construcciones”; la suma de G. 535.874.400 para “JOB Construcciones”, incluso el pago de un total de G. 274.217.497 en favor de “Legión de Servicios SA” y G. 144.270.000 para “Soluciones Empresariales”, todos funcionales a Samaniego.