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Llama la atención que el Consejo de la Magistratura haya solicitado a la Contraloría el examen de correspondencia de bienes de los operadores de justicia ya que, por ley, los consejeros están obligados a incorporar a las ternas a los jueces, fiscales y defensores públicos que se presentan para concursar por sus mismos cargos.
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Según explicaciones, las conclusiones de los análisis acompañarían a los ternados para que la Corte Suprema al momento de designar a uno de los postulante, tenga el cuenta el examen de correspondencia.
Inconsistencias detectadas
La Contraloría halló inconsistencias del análisis de patrimonio de la fiscala Katia Uemura y los jueces Amílcar Marecos y Maribel Concepción Rojas. También encontró datos que llaman la atención sobre el abogado Farid González, esposo de la jueza de Capiatá Norma Salomón.
Los objetados tienen plazo de 10 días para contestar a la Contraloría las inconsistencias.
Lista parcial de operadores que son examinados
Según un informe, la Contraloría realiza el análisis de correspondencia de los operadores de justicia con cargo vacantes por fenecimiento de mandatos de los siguientes: Guillermo Manuel Delmás Aguiar, juez de primera instancia en lo civil y Comercial de Lambaré; Giuseppe Fossati López, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, de la capital. Jennifer Natalia Insfrán Morán, juez penal de garantías de Luque; Nelson Ojeda Quintana, juez penal de liquidación y sentencia de Hernandarias; Bibiana Teresita Benítez Faría, miembro del Tribunal de Apelación, Segunda Sala de la capital.
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También son analizados los patrimonios de Darío Teófilo Estigarribia Cáceres. miembro de Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Penal Laboral, de la Niñez y Adolescencia de Presidente Hayes; Clara Mercedes Estigarribia de Carvallo, miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia de la capital; Juan Carlos Blatter Meza, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial y Laboral de Puerto Casado; Enrique Inocencio Sanabria Torres, juzgado de Luque; Mario Camilo Torres Leguizamón, juez de primera instancia de la Niñez y la Adolescencia de Lambaré; Alberto Peralta Vega, juez de primera instancia en lo penal de la Adolescencia de Cordillera; Zusan Karin Domenech Báez, jueza en lo penal de garantías de Quiindy; Luis Lionel Piñanez García, fiscal itinerante.
Así también la Contraloría realiza el análisis de bienes de Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, agente fiscal de Lambaré; Gustavo Ramón Bóveda Romero, juez de primera instancia en lo penal de San Lorenzo; Milner Borja Denis, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo; Sadi Estela López Sanabria, jueza en lo penal de Amambay; Néstor Ramón Arévalo Zorrilla, juez penal de ejecución de San Pedro.
Otros operadores a quienes examinan son a José Agustín Delmás Aguiar, juez de la etapa preparatoria de la capital; Osmar David Legal Troche, agente fiscal itinerante (recientemente designado juez penal de garantías); Antonia López de Gómez, miembro del Tribunal de Apelación itinerante, entre varios otros.