Acusadora del Jurado solicitó la remoción del fiscal Lorenzo Lezcano, por inacción en el caso Marset

La fiscala acusadora el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó la remoción del fiscal Lorenzo Lezcano, quien está procesado por inacción en la investigación de hechos punibles de narcotráfico y lavado de dinero en los que habría incurrido el prófugo Sebastián Marset. Por su parte, el fiscal solicitó la extinción de su enjuiciamiento y afirmó que sí realizó actos investigativos.

Abog. Lorenzo Lezcano, fiscal acusado de supuesto mal desempeño de funciones.
Abog. Lorenzo Lezcano, fiscal acusado de supuesto mal desempeño de funciones.171929+0000 NORBERTO DUARTE

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En la audiencia de alegatos finales, la fiscala acusadora del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Carmela Ramírez, sostuvo que el agente fiscal Lorenzo Lezcano no realizó los actos investigativos propios de los que está obligado como funcionario del Ministerio Público, para corroborar o rechazar los informes sobre narcotráfico y lavado de dinero.

La acusadora indicó que el fiscal Lezcano solamente realizó las diligencias cuando eran requeridas por el Comando Tripartito y que no procedió a realizar como acto investigativo propio de la Fiscalía.

El procedimiento abierto en el Jurado es la causa N° 95/2022 caratulada: “Abg. Lorenzo Lezcano, Agente Fiscal Unidad Penal N.° 04 Especializada en Lucha contra el Crimen Organizado s/ Enjuiciamiento”.

El expediente judicial objetado está caratulado “Persona innominada s/ hecho a determinar”.

Acusadora solicitó la remoción del fiscal Lorenzo Lezcano

La fiscala acusadora Abg. Carmela Ramírez, en sus alegatos finales, solicitó al pleno del Jurado la remoción del fiscal Lorenzo Lezcano, por supuesta transgresión del art. 14, inc. b) de la Ley 6814/2021 que rige para el JEM. La acusadora explicó en los alegatos que se probó con la carpeta fiscal que Lorenzo Lezcano no llevó la dirección de la investigación, incumpliendo así las leyes.

Un informe remitido desde el Uruguay señalaba que un grupo de personas, entre ellas Sebastián Marset y sus “socios comerciales” radicados en nuestro país, posiblemente estaban realizando actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, tenían una empresa de ganadería y las actividades de este rubro eran supuestamente a nivel nacional e internacional, y los camiones que serían utilizados, con doble fondo, serían para el tráfico de drogas.

La abogada Ramírez dijo que el fiscal Lezcano no pidió informes sobre el movimiento de ganado y ni siquiera corroboró si existía esa empresa. Debió solicitar el allanamiento de esta empresa para incautar los camiones que eran utilizados y examinar si tenían un doble fondo, debió solicitar datos al Registro de Automotores, pero no lo hizo, acusó.

Tampoco se pidieron informes de esta empresa ganadera a la Secretaría de Estado de Tributación (SET), sobre los movimientos contables. No realizó pesquisas sobre el balance de la ganadera, si los ingresos o egresos correspondían contablemente. El fiscal no realizó diligencias conducentes, refirió.

Un testigo del mismo enjuiciado confirmó que pidieron al Ministerio Público para diligenciar oficios para obtener informes sobre la denuncia que provino del Uruguay, y que según dijo este testigo, la investigación continuó a pesar de que se archivó la causa. Esto demuestra que había más elementos que investigar, señaló la fiscala.

La Abg. Ramírez también cuestionó que el fiscal Lezcano tampoco tuvo en cuenta que Marset tenía orden de captura en Uruguay, no le llamó la atención. Sin embargo, solicitó el archivamiento de la causa.

Otro hecho que destacó la fiscala acusadora es que la investigación en el Ministerio Público estuvo caratula como “Persona innominada s/ hecho a determinar”, a pesar de que tenía conocimiento que Marset era el principal objetivo y se trataba de delitos de lavado de dinero y narcotráfico.

Defensa solicitó la extinción de enjuiciamiento y rechazó acusación

Por su parte, la abogada Alejandra Ortiz, defensora del fiscal Lezcano, al iniciar su alegación solicitó la extinción de la causa, porque debe ser analizada por ser de orden público. Indicó que ya operó con creces la prescripción según el Art. 33 de la Ley 6814 (del Jurado), que dispone que el procedimiento debe concluir en 180 días hábiles de iniciado el enjuiciamiento.

La abogada Ortiz indicó que la resolución que abrió el enjuiciamiento en el Jurado es del 6 de diciembre de 2022, y que a la fecha ya transcurrieron 211 días hábiles, por lo que correspondía declarar la extinción y la absolución del fiscal Lezcano.

Sobre la empresa ganadera, Lezcano dijo que sí pidió informes a Senacsa de los registros de la empresa Nuevo Horizonte, identificando el RUC, también a la Abogacía del Tesoro, sobre las firmas Tapiracuai, Total Card, entre otras.

El testigo refirió que el objetivo principal era Marset, pero que la Fiscalía tuvo información que huyó del país. El Operativo Smart no se paralizó por el archivamiento de la investigación, señaló el fiscal.

Lezcano también dijo que investigaron a varias empresas que ni siquiera estaban en “radar” del Comando Tripartito, dando a entender que sí realizaron las diligencias correspondientes.

El fiscal Lezcano solicitó la absolución de su enjuiciamiento de supuesto mal desempeño de funciones.

Finalmente, el Jurado resolvió llamar “autos para sentencia”.

Miembros presentes y de forma virtual

Participaron de forma presencial de la sesión extraordinaria de este jueves 9 de noviembre, su presidente diputado Orlando Arévalo, el vicepresidente diputado Alejandro Aguilera, el senador Mario Varela, los abogados Alfredo Enrique Kronawetter y Oscar Paciello.

De forma virtual participaron el ministro de Corte Manuel Ramírez Candia y el senador Derlis Maidana.

Estuvo ausente el ministro César Garay.

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