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Lorena Segovia, titular del Ministerio de la Defensa Pública, afirmó que tanto el abuso de la prisión preventiva, como las condiciones de constante violación a los derechos de los presos hacen que los grupos criminales se fortalezcan, dándose situaciones como el motín registrado esta semana en Tacumbú.
“98% de las personas que están representadas por defensores públicos no pueden pagar un abogado, y teníamos que había 17.545 personas, 11.504 son representadas de la defensa pública. Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, entonces, con la convivencia de estas personas con el crimen organizado, en excesivo uso de la prisión preventiva, los ponemos a convivir en situaciones en las que se violan todos sus derechos”, aseguró.
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Indicó que, de las 17.545 personas privadas de libertad, 5.563 y un poco más tienen condena, quiere decir que sobre los otros no existe una sentencia y están en las cárceles por el abuso de la prisión preventiva.
Crisis penitenciaria se da por encierro irracional y selectivo
Diana Vargas, abogada especialista en derechos humanos, explicó que el abuso de la prisión preventiva se da de manera irracional y selectiva.
“Por eso insistimos en el abuso de la prisión preventiva y sus implicancias, porque Paraguay encierra de manera irracional y selectiva. Digo irracional porque se hace en contra de lo que nuestras propias leyes establecen. Y es selectiva, porque el perfil del privado de libertad paraguayo es un muchacho joven, de menos de 30 años, pobre, excluido del sistema de salud y educativo, apenas terminado el sexto grado, excluido de una ocupación formal, generalmente dedicado a la venta de frutas y vienen de familias pobres”, afirmó.
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Agregó que hay requisitos para que se dé la prisión preventiva, pero que por ese placebo que desde los propios medios de comunicación muchas veces exigen, la ciudadanía cree que ese es el camino por la imagen tan distorsionada que se tiene de la justicia, lo que hace que muchos consideren que una condena después de un proceso donde las pruebas hayan sido discutidas requiere demasiado tiempo.
“Hay perdida de dignidad, salvo, puedas comprar privilegios”
Vargas habló de como el nivel de sobrepoblación es crítica debido a que se tiene más del doble de la población que la capacidad de los centros penitenciarios pueden albergar, lo cual se convierte en un problema porque significa que los presos no tienen una baldosa sobre la cual posarse, ni una cama sobre la cual dormir, pero el sistema tampoco está diseñado para eso, teniendo en cuenta que los penales nuevos no tienen previstos lugares para comer, suficiente agua potable, ni acceso sanitario.
“Hay perdida de dignidad, salvo, puedas comprar privilegios. La persona privada de libertad tiene restricción para la circulación libre, el resto de los derechos, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para garantizarlos. Alimentación, salud, el mantenimiento del vínculo y el sostenimiento del tejido social que rodea a la persona, esa es una estrategia”, aseveró.
Puso como ejemplo el caso de la Pantera Moray, quien, pese a un talento extraordinario en el boxeo y toda la repercusión mediática de su caso, volvió al sistema dos semanas después de salir, debido a no contar con una red de apoyo desarrollada. “Al salir le esperan los clanes que operan afuera, porque las redes y familias están con relaciones deterioradas, además de estar en situación de pobreza y consumo muchas veces”, agregó.
Apuntan a profesionalización de defensores públicos
Lorena Segovia habló que desde hace unos años apuntan a la profesionalización y además al cambio de paradigma de los defensores públicos, no solamente atender por tener el conocimiento y reciben un salario, sino ser conscientes de la transcendencia del trabajo que desempeñan, y saber que la acción o inacción del defensor público impacta la vida de las personas, lo que debe motivarlo a mejorar.
Además, recordó que solicitaron duraciones acordes a las audiencias que se van a realizar, ya que registran varias suspensiones por audiencias superpuestas entre varios juzgados.
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Recordó que también, ante denuncias contra defensores públicos, tomaron acciones pertinentes con sanciones, por lo que instó a la ciudadanía a realizar las denuncias, las cuales se pueden realizar a través de la página web o las redes sociales del Ministerio y de manera anónima.
Política criminal del Estado se centra en robo y hurto
Diana Vargas, abogada especialista en derechos humanos, indicó que también la política criminal del Estado tiene mucho que ver con el sistema punitivo del país y la crisis del sistema penitenciario.
“¿Cuáles son los delitos que más ingresan al sistema judicial? Robo, hurto, delitos contra la propiedad. Crimen organizado no llega a 100 personas procesadas. La política criminal del Estado paraguayo te marca lo que un estado va a priorizar, cuando ingresan mayormente casos de delitos contra la propiedad, es porque eso se decide investigar, no porque no ocurran delitos contra el medio ambiente, lavado de dinero o contrabando de cigarrillos”, cuestionó.