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El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos rechazó los recursos planteados por el dirigente de fútbol Roberto Alejandro Garcete su esposa Lida Concepción Cano y su hija Fabiana Soledad Garcete Cano y confirmó las resoluciones del juez de Garantías José Agustín Delmás, quien admitió la imputación fiscal y procesó a los sospechosos de supuesta usura, lavado de dinero, asociación criminal y producción y uso de documentos no auténticos.
Primeramente, los camaristas Andrea Vera Aldana, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas confirmaron el Auto Interlocutorio N° 408 del 23 de agosto de 2023, por el cual el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Delmás rechazó el incidente de nulidad de la imputación que fue planteada por la defensa de Fabiana Garcete Cano.
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Además, el tribunal de alzada confirmó el Auto Interlocutorio N° 403 del 17 de agosto de 2023, mediante el cual el juzgado ratificó la admisión de la imputación presentada por el fiscal Luis Said y la providencia del 31 de julio de 2023 que había fijado fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. Dichas resoluciones fueron recurridas por las defensas de Roberto Garcete, su esposa y su hija.
Con estas resoluciones, una vez que la Cámara de Apelaciones remita el expediente al juzgado de Garantías, el juez José Delmás podrá fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas y analizar el pedido de medidas alterativas a la prisión que el Ministerio Público solicitó para todos los procesados. Los demás imputados son: Roberto Alejandro Garcete Cano, hijo del dirigente de fútbol, y la escribana María de Lourdes Duarte Franco.
Presunto esquema de usura ligado a RGD
Según la imputación fiscal, Roberto Garcete y su familia conforman un esquema de usura vinculado a Ramón González Daher y habrían despojado a la víctima de usura Eladio Miguel Britos de un inmueble de más de G. 1.000 millones por un préstamo de G. 200 millones.
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Britos realizó un pago inicial de G. 100 millones para saldar parte de su deuda por el préstamo de los G. 200 millones, sin percibir un recibo, y posteriormente hizo entrega de un cheque por G. 300 millones al prestamista, totalizando una suma muy superior a la deuda original y las tasas de interés establecidas por el Banco Central del Paraguay.
A pesar de eso, Garcete Rodríguez depositó la totalidad en su cuenta bancaria y se quedó con el dinero, dijo el fiscal.
Reunión con RGD y posterior desalojo
El 26 de noviembre de 2014, Garcete citó a Britos a una reunión en un edificio del centro de Asunción. Allí se encontraron con Ramón González Daher, quien los intimó a abandonar su casa en un plazo de 30 días. El 20 de diciembre, entregaron la llave a Garcete.
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Posteriormente, Garcete los volvió a convocar a una reunión, diciendo que había “buenas noticias”: les dijeron que les iban a devolver la casa, pero con la condición de que Britos firme cuatro cheques por valor total de G. 534 millones.
Britos firmó los cheques y le prometieron devolver la llave, pero pasaron los días y Garcete desapareció, de acuerdo al relato del fiscal Luis Said en ABC Cardinal.
Protocolo de compraventa alterado
Said explicó a ABC que el protocolo de compraventa de la propiedad fue confeccionado por la escribana María de Lourdes Duarte, también imputada, pero fue inscrito en el Registro Público recién en 2015, dos años después de la firma del mismo, “al momento en que estas personas no pudieron seguir cobrando más intereses” a Britos, de acuerdo a Said.
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Originalmente, el documento hablaba de una compraventa por G. 300 millones, pero posteriormente fue modificado para que figure la cifra de 1.500 millones, un monto que se aproxima a la tasación real del inmueble, agregó el agente del Ministerio Público.
El fiscal Said puntualizó que la familia Britos inició una acción civil buscando la nulidad del título, pero esta no ha tenido un avance significativo, comentó el fiscal.
La Fiscalía solicitó el embargo preventivo del inmueble en cuestión, que continúa a nombre de la empresa Credimoney.
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