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La Abg. María Esther Roa, activista anticorrupción y parte de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, afirmó que la propuesta del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de tomar examen para otorgar la matrícula de abogado, servirá como una herramienta para impedir que personas que obtuvieron sus títulos en universidades consideradas “de garaje” obtengan la matrícula de abogado y lleguen a ocupar cargos importantes.
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La letrada citó como ejemplo el caso del diputado colorado Orlando Arévalo, quien obtuvo su título de abogado en una universidad de dudosa procedencia, pero actualmente es presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en representación de la Cámara de Diputados, al igual que su colega Hernán David Rivas (ANR - cartista), cuyo título de abogado también genera todo tipo de sospechas.
“No existe ningún tipo de control por parte del sistema educativo y mucho menos de la Corte Suprema de Justicia sobre la capacidad de las personas que reciben el título de abogado en estas universidades de garaje; y eso genera una falta de garantía total respecto a estos profesionales”, resaltó Roa.
Ley de colegiación “es lo ideal”, según activista
A criterio de la activista anticorrupción otra posible solución para garantizar la capacidad de los abogados es la ley de colegiación obligatoria de abogados, como tienen otros países. Añadió que se deben reflotar los dos proyectos que actualmente existen referentes al tema.
“Si en Paraguay teníamos esta ley de colegiación obligatoria se hubiera evitado que un Orlando Arévalo o un Hernán Rivas integren un órgano tan importante como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, remarcó.
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Roa puntualizó que con la ley de colegiación obligatoria de abogados se mejoraría el control y la evaluación de los egresados de las facultades de Derecho, como también un mejor control sobre las universidades que expiden los títulos de abogado.
Pide denunciar ante fiscalía casos de abogados falsos
La integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay indicó además que, de forma paliativa, la Corte Suprema de Justicia podría implementar un sistema de control y evaluación, hasta que Paraguay cuente con la ley de colegiación.
Independientemente, dijo que el máximo tribunal debe orientar sus facultades funcionales e implementar un examen de conocimientos, entre otros requisitos, para dar una solución al “actual desmadre”, según expresó.
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Por último Roa puntualizó que la Corte debe remitir al Ministerio Público para que investigue los títulos falsos de abogado, debido al daño que ocasionan a la Justicia.