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La Fiscal de Unidad Especializada de delitos Ambientales, Angelina Arriola, encabezó una comitiva que allanó cuatro sitios en la ciudad de Encarnación, en prosecución a la causa contra la comuna por posibles delitos ambientales.
Según la representante del Ministerio Público, pudieron constatar que camiones municipales arrojaron los residuos en lugares no habilitados. Los predios inspeccionados fueron el corralón del barrio Pacucuá, el futuro taller municipal del barrio San Pedro Curupayty, frente al vertedero de San Antonio Ypecurú y en un terreno privado, en el barrio Santo Domingo.
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Técnicos de la fiscalía de la capital acompañaron el procedimiento. La fiscal dispuso que todos los desechos sean llevados hasta el vertedero y solicitaron las documentaciones pertinentes al Mades y a la municipalidad.
Enterraron la basura
La agente fiscal afirmó que verificaron que en la propiedad de Nelson Peña, que él mismo enterró la basura que depositaron ahí camiones municipales.
Ante dicha situación, Arriola ordenó que el propietario de los terrenos retire toda la basura o que compacte la misma, con los criterios impuestos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en un periodo de una semana.
La justificación que dieron los funcionarios es que no podían llevar la basura al vertedero, porque los gancheros lo mantenían cerrado por sus protestas. Desde anoche, los recicladores levantaron la medida ante el pedido del fiscal Francisco Martínez, que recepcionó otra denuncia realizada por la municipalidad, en contra de los manifestantes.
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Los representantes municipales se exponen a una pena de hasta 5 años de prisión o multa, por procesamiento indebido de residuos, expresó Arriola.