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Las apelaciones fueron planteadas por el diputado Erico Galeano, bajo patrocinio de los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, en contra del Auto Interlocutorio (A.I) N° 164 y el A.I N° 165, por los que el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla rechazó el pasado 16 de junio las excepciones de incompetencia y de falta de acción.
El argumento del parlamentario cartista es que nunca pudo haber sido sometido a proceso, ya que desde el mismo inicio de la presente causa se hallaba y se halla investido de fueros e inmunidades; que a la fecha de la imputación, 19 de mayo de 2023, era miembro de la Cámara de Diputados por el periodo 2018-2023 y, posteriormente a la fecha de la recepción de la imputación, 25 de mayo, un día antes, fue elegido y proclamado miembro de la Cámara de Senadores por el periodo 2023-2028.
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La defensa de Galeano fundamenta también, a través de la excepción de incompetencia, que el Juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado “se arroga poderes que corresponden y competen a la Cámara de Senadores” y que el juez Gustavo Amarilla carece de competencia para tener por iniciado el procedimiento penal de “una persona que goza de una inmunidad de rango constitucional”.
Con estos recursos presentados, Erico Galeano se asegura llegar al viernes 30 de junio, fecha en que prestará juramento como senador de la Nación para el periodo 2023-2028, sin que se sustancie la audiencia de imposición de medidas en la que el juzgado debe analizar el pedido de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público.
Desafuero de Erico Galeano debe ser analizado nuevamente, según defensa
A criterio de los abogados defensores Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, una vez que Erico Galeano jure como parlamentario de la Cámara Alta, el juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado, que tiene a su cargo la causa penal, deberá comunicar al Senado el pedido de desafuero que hizo el Ministerio Público y que el cuerpo legislativo resuelva si le retira o no los fueros para que sea procesado.
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La imputación contra Erico Galeano fue presentada el 19 de mayo pasado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, por supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, debido a su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo “A Ultranza Py”.
El 24 de mayo, la Cámara de Diputados, por unanimidad de los 69 legisladores presentes en la sesión extraordinaria, aprobó el desafuero de Erico Galeano, imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py. Inmediatamente después se comunicó la decisión legislativa al juez de la Unidad Nº 2 especializado contra el crimen organizado, Gustavo Amarilla.
Al ser convocado para la audiencia de imposición de medidas y que el juzgado analice el pedido de prisión preventiva, la defensa de Erico Galeano planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la decisión del juez Gustavo Amarilla, de admitir la imputación fiscal y convocarlo para la imposición de medidas cautelares.
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Posteriormente, la defensa planteó la “chicana de la chicana”, alegando que el juzgado debió dar un trámite escrito al primer recurso presentado, en vez de convocar a una audiencia oral. Finalmente, los abogados defensores anunciaron su decisión de retirar ambas chicanas, pero antes la Cámara de Apelaciones ya resolvió rechazar los dos recursos.
Imputado por presuntos vínculos con el caso A Ultranza
La imputación fiscal refiere que la investigación a Erico Galeano se inició con el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022, en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”. Específicamente, el operativo se llevó a cabo en el inmueble situado en el complejo “Acqua Village”, de Altos, propiedad de Insfrán Galeano, adquirido por interpósita persona a nombre de Hugo Manuel González Ramos, ocasión en que se halló una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano Segovia.
Según el Ministerio Público, Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales y, de esa manera, concretar el envío de cargas de cocaína a países de Europa.
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La imputación resalta que, a cambio del préstamo de la aeronave, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien, a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquiridos entre los años 2020 y 2021.
Además de la prisión preventiva del senador colorado electo, la fiscalía solicita la inhibición general de enajenar y gravar bienes, bloqueo de las cuentas bancarias que estén a nombre de Erico Galeano y el secuestro de una aeronave que pertenece al legislador y que habría sido utilizada por los procesados de “A Ultranza”, entre ellos el presunto narco prófugo Sebastián Marset y el extraditado “Tío Rico”.