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La concejala y vicepresidenta Fiorella Forestieri (PLRA) presentó la propuesta del comunicado en la sesión de hoy, en la Junta Municipal de Asunción. El comunicado fue aprobado por el pleno de la Junta, conformada por colorados, liberales, patriaqueridistas y una concejala del PEN.
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“La presencia de un senador acusado de abuso sexual en el Congreso puede tener graves consecuencias para la credibilidad e integridad del Estado. Cuando un representante electo es acusado de un delito tan grave como el abuso sexual, el impacto en la confianza pública en el gobierno puede ser significativo”, empieza el texto.
Luego, insiste en que los ciudadanos “esperan que sus representantes electos sean personas honorables y éticas que actúen en beneficio del bien común”. Agrega que la presencia de un senador en esta situación puede dar lugar a la preocupación de que otros miembros del Congreso también tengan comportamientos inapropiados o ilegales.
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Seguidamente, añade que una persona con estos problemas puede tener un impacto negativo en la capacidad del Congreso para tomar decisiones importantes.
Senador acusado por abuso sexual sería “mensaje equivocado”
“La presencia de un senador acusado de un delito tan grave puede distraer la atención de los asuntos importantes que el Congreso debe abordar. Además, otros senadores pueden sentirse incómodos trabajando con alguien que ha sido acusado de un delito tan serio, lo que puede dificultar la cooperación y la toma de decisiones”, critica el texto de los concejales.
“En tercer lugar, un senador acusado de abuso sexual puede enviar un mensaje equivocado a la sociedad. Si un senador acusado de abuso sexual es capaz de mantener su cargo y continuar siendo un miembro activo del Congreso, puede enviar el mensaje de que el comportamiento inapropiado o ilegal es tolerable en el ámbito político”, indica el texto.
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“Esto puede desalentar a las personas que buscan un cambio positivo en su comunidad o en el gobierno de buscar cargos públicos, lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo para la sociedad”, defiende el comunicado.
Finalmente, los concejales alegan que es importante que “los líderes políticos actúen con integridad y responsabilidad y tomen medidas rápidas y apropiadas cuando se presenten acusaciones de este tipo”.
Mbururu fue procesado en marzo del 2022 por presunto estupro a una adolescente y obtuvo medidas alternativas a la prisión. Pero en agosto de ese mismo año fue privado de libertad por encabezar e instigar el ataque a una propiedad ubicada en Itakyry y agresión física y sexual a los integrantes de una familia paraguaya de agricultores.