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El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, imputó a la fiscala de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Ana Elizabeth Girala López (45), por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima) y asociación criminal, en calidad de autor.
En tanto que la pesquisa recae sobre la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez, por cohecho pasivo y asociación criminal en calidad de cómplice, mientras que a la secretaria fiscal Griselda Beatríz Acha Alcaraz, por el hecho de asociación criminal en calidad de cómplice.
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Así también, están siendo investigados los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Liz Elena Martínez y Nélida Vicenta Alcaraz, por el hecho de soborno agravado en calidad de autores y asociación criminal en calidad de cómplices.
El fiscal Legal ordenó además la detención solo de la asistente fiscal Christi Magali Ortega Domínguez, la secretaria fiscal Griselda Beatríz Acha Alcaraz y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, pues la fiscala Ana Girala cuenta con fueros.
El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, admitió la imputación y fijó para las 8:00 del jueves 9 de marzo a los seis imputados para la audiencia de imposición de medidas, dio comunicación sobre la situación procesal al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
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Allanamiento en sede fiscal de San Lorenzo
El pasado 16 de febrero, el fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscala Ana Girala ante la denuncia de que integrantes de la misma habrían solicitado el pago de G. 25.000.000 para beneficiar a un joven procesado, hijo de la persona que presentó la denuncia.
Ese allanamiento se realizó ante las sospechas de que la fiscala Ana Girala, según la imputación fiscal, tenía a su cargo una causa por tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes, en la que habría acusado a dos participantes que esperaban por la realización de la audiencia preliminar que fue fijada para el 20 de febrero pasado.
Es así que el 7 de febrero de este año que la fiscala Girala habría iniciado el pedido de sumas de dinero, entre G. 10 y G. 25 millones, a cambio de plantear salidas alternativas al juicio oral al momento de la realización de la audiencia preliminar, para los dos procesados.
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Para ello, Girala se habría valido de su secretaria Griselda Acha que a su vez dio indicaciones a la abogada Liz Elena Martínez para contactar con el procesado, que en ese entonces estaba privado de libertad, siempre según la imputación.
Luego de esto la abogada Liz Martínez y la abogada Nélida Martínez se habrían puesto con contacto con el padre de uno de los procesados a fin de llegar a un acuerdo económico para “solucionar” la situación procesal de su hijo. En este sentido, Girala era informada de las tratativas por su secretaria Griselda Acha que a su vez recibía información de Liz Martínez.
Ya el 15 de febrero, la fiscala Ana Girala habría recibido el reporte de que había intención de “cerrar” el trato, pero para ello la abogada Liz Martínez debía saber qué salida se le daría al procesado en la audiencia preliminar. Ante esto, Girala se comprometió a soilcitar un “procedimiento abreviado”.
Por otra parte, la asistente Christi Ortega, se presume que habría tenido conocimiento de las tratativas que hacía su compañera y en ese sentido, estuvo expectante de los resultados para obtener un beneficio económico.
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En cuanto al abogado Marcos Velazco, entre setiembre de 2022 y febrero de 2023, habría intervenido en varias causas penales en la unidad de Ana Girala. Además, se habría valido de una relación personal con Griselda Acha para ganar la confianza de Girala, para así lograr algún beneficio.
Dentro de la investigación también se hallaron elementos sobre que el abogado Velzco habría otorgado y ofrecido beneficios a la fiscala Girala y a las funcionarias Christi Ortega y Griselda Acha, como sumas de dinero u objetos de alto valor.
Ante estos hecho se sopecha que la fiscala Ana Girala se habría encargado de seleccionar en qué causas se podría “negociar”, según el perfil del usuario del sistema de justicia. Una vez determinada la causa, se fijaba el “precio” de su trabajo, que incluía desde pedidos de allanamientos, salidas procesales, imputaciones un otras diligencias.