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Tras recuperar su libertad el 9 de enero pasado, la empleada doméstica del exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna Javier Ibarra, Aida María Villalba, de 26 años, pretendía quedar definitivamente desvinculada del proceso abierto tras la violenta muerte de su patrón.
Para el efecto, su abogado Avelino Britos Guillén presentó un incidente de sobreseimiento definitivo y de extinción de la acción a favor de su defendida.
Básicamente, el defensor fundamenta su petición en lo establecido en el artículo 359 del Código Procesal Penal, que dispone la desvinculación procesal cuando resulte evidente que el imputado no cometió el hecho, o que con las pruebas reunidas resulte imposible atribuirle responsabilidad, o como consecuencia de la extinción de la acción penal.
El Art. 359 del Código Penal Procesal referente al sobreseimiento definitivo, establece textualmente lo siguiente: " Corresponderá el sobreseimiento definitivo:
- cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye hecho punible o que el imputado no ha participado en él;
- cuando, a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio.
- por extinción de la acción penal”.
Fiscal se opuso al sobreseimiento de la empleada doméstica
El fiscal Gerardo Mosqueira se opuso a la petición de la defensa, en virtud de que no se ha cumplido aún el plazo establecido para la conclusión de la investigación y además, aún existen diligencias pendientes de realización.
" si bien tenemos la testimonial de Leonardo Ruiz Ortiz conforme lo relata la defensa, sin embargo debemos tener en cuenta que la imputada Aida María Villalba, ha dado positivo para residuo de disparo de arma de fuego con valor de Antimonio que supera los valores referenciales, situación que aún no ha sido desvirtuada, por lo que a esta altura de la investigación, aún no tenemos certeza positiva de la no participación de la misma en el hecho punible investigado”, argumentó el fiscal Mosqueira.
El magistrado destacó que si bien hasta la fecha se han verificado distintas circunstancias favorables a la imputada y que han sido consideradas para la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión, no puede pasar por alto que la investigación no ha llegado a su final.
“(...) en el contexto de toda la labor investigativa, puede advertirse en primer lugar que la investigación no concluyó, y por lo tanto, se desprende de ello que al Ministerio Público le asiste la facultad de valorar la responsabilidad puntual de la imputada, en el contexto del conjunto de circunstancias que llegare a reunir en la Etapa Preparatoria, por lo que deviene conveniente rechazar el pedido de sobreseimiento definitivo formulado en esta etapa de la investigación , al no acreditarse por completo los presupuestos señalados en el artículo 359 del CPP”, concluye el juez Bóveda.
El crimen del exfiscal Javier Ibara
Javier David Ibarra Mendoza, de 48 años, fue hallado muerto el viernes 25 de noviembre en su casa ubicada en San Lorenzo. Una pericia concluyó que el exfuncionario murió de dos balazos de su propia arma, una pistola Glock calibre 22 mm.
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El cuerpo de Ibarra tenía un orificio de entrada en la cabeza, en el lado izquierdo de la frente, producto de disparo de arma de fuego. En la autopsia se extrajeron dos proyectiles calibre 22 que ingresaron uno tras otro, según fuentes.
En un principio se barajó la posibilidad de una autoeliminación, pero como el arma no fue hallada en la escena del crimen, posteriormente cobró fuerza la hipótesis de un asesinato.
La Policía tomó muestras de las manos del fallecido, de la empleada y del casero Máximo Torres Amarilla, de 63 años y a la mujer dio positivo en la mano izquierda al antimonio, lo que levantó las sospechas de que pudo haber ocultado el arma.
El 31 de diciembre del año pasado se decretó la prisión de Aida María Villalba, tras su procesamiento por hurto especialmente grave.
Detenidos con relación al crimen del fiscal Javier Ibarra
De las averiguaciones realizadas en torno al caso, el 5 de enero pasado se produjo la detención de Óscar Ariel Caballero Sahlmann, de 30 años, quien era secretario privado del exfiscal Ibarra. El sospechoso, que cuenta con antecedentes por presunto tráfico de armas y su captura era requerida por la Justicia argentina a través de Interpol, desde 2019, tenía el arma homicida en su poder.
El fiscal Julio Ortiz señaló que un trabajo de investigación condujo a la comitiva fiscal-policial hasta la vivienda donde estaba el sospechoso, en el barrio Zeballos Cue de Asunción.
“Ese día que ocurrió el homicidio (Caballero) llegó en una motocicleta, se bajó y le dijo a la persona que le llevó a ese lugar (casa de Ibarra) que le esperara y que en 40 minutos vuelva junto a él”, subrayó Ortiz.
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“Posteriormente esta persona (Leonardo Ruiz Ortiz) llega, escucha disparos y le ve a esa persona asustada (Caballero), –este– le dice que se vaya nomás. Esa persona se va, su moto se descompone, lleva a cuestas (a su lado) su moto sobre Mariscal López e Ingavi y se queda en un servicentro”, expresó el agente fiscal.
“La otra persona, Leonardo Agustín Ruiz Ortiz (el motociclista), está en carácter de cómplice. Ambos están vinculados a la muerte porque se encontró el arma en mano de uno de ellos”, detalló en aquella oportunidad el comisario principal César Silguero, jefe de Investigación de Delitos.
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Tras la aprehensión de Caballero, la joven planteó la revisión de medidas y el 9 de enero recuperó su libertad, previa imposición de una serie de medidas tales como prohibición de salir del país sin previa autorización del Juzgado; prohibición de cambiar de domicilio, sin previa autorización del Juzgado; y prohibición de tenencia y portación de armas.