La presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Abog. Gail González Yaluff confirmó ayer a ABC que la deuda total histórica del ente por expropiaciones y compras de tierras es de unos G. 700.000 millones, pero que su presupuesto para los pagos en dicho concepto es de solo G. 20.000 millones, en el presente ejercicio.

Entonces, si se mantuviera dicho presupuesto anual para pago por las tierras y no se tuvieran nuevos compromisos, se necesitaría que transcurran 35 años para poder honrar con los los acreedores del ente. Eso, considerando el cálculo de los G. 700.000 millones dividido por el presupuesto de G. 20.000 millones.

Indert: ¿deudas espurias?

Ante la consulta hecha a la titular del Indert, la misma aclaró que el tema de la deuda por tierras es complicado, que no es fácil de abordar. Al parecer, habría un monto de deudas espurias. Gail González Yaluff dijo que lo que figura como deuda quizás no sea lo que exactamente se debe pagar, sino que hay que hacer una depuración para ver si hay tierras que solo figuran en los papeles.

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“Hay muchas expropiaciones que se hicieron en papeles, existen los títulos, pero que en el terreno no están, pero forman parte de nuestro pasivo. También hay tierras que se expropiaron y que quedan supuestamente a 40 km de donde es. Hay mil y un tipo de casos hay”, expresó.

Reafirmó que el monto de G. 700.000 millones es una cifra en bruto de la deuda del Indert, pero en realidad el pasivo del ente no es tanto, porque en algunos casos no está la tierra, en otros falta tierra y muchas otras situaciones.

Al respecto, fuentes del sector privado indicaron que el tema de los pagos del Indert a los propietarios expropiados es un tema “inentendible, no tiene lógica”. Eso, porque no se pagan las deudas más antiguas, sino que muchas veces hay criterios políticos en el asunto.

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Acorde con los datos, hay propietarios que llevan hasta dos décadas sin recibir pagos o que están esperando un segundo pago (por desembolsos en cuotas) desde incluso más tiempo. Algunos aprovechan los cambios administrativos o de gobierno para lograr cobrar algo al Indert, recurriendo a presiones políticas, sobornos e incluso a la presión social ficticia, buscando recibir lo que les corresponde, según la queja del sector.