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Desde abril de 2014, los socios comerciales Ricardo Galeano, Juan Carlos Sosa Barreto, Víctor Taboada y Walid Amine Sweid fueron investigados por la Fiscalía en el marco del expediente 68/2014, sobre lavado de dinero. La pesquisa duró 8 años, reúne más de 400 tomos de evidencias y pasó por más de 15 fiscales durante la administración de la fiscala general Sandra Quiñónez.
Documentos indican que la red de 41 empresas montadas a partir de supuestos prestanombres, envió remesas al exterior por unos US$ 1.200 millones.
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Desde Acqua Importaciones, que tiene como accionista a Ricardo Galeano, envió entre 2009 y 2010 más de US$ 300.000 a una cuenta norteamericana desde donde, según reportes de inteligencia financiera de Estados Unidos, el dinero supuestamente fue enviado al Hezbollah.
Pese a los indicios, en 8 años nadie fue imputado en la causa, en la cual el 20 de diciembre último, la jueza de garantías de Ciudad del Este, Alba Meza, aceptó la petición de la Fiscalía de realizar un juicio abreviado a Ricardo Galeano y otras ocho personas integrantes de empresas parte de la red y que serían prestanombres.
Pagó la condena y se fue de vacaciones a Europa
Según la sentencia de Meza, la Fiscalía señaló que no pudo probar lavado de dinero, pero sí producción de documentos no auténticos y pidió condenar al pago de una multa.
Acorde la sentencia, así como los otro 8 procesados, Galeano admitió que produjo documentos de contenido no auténtico, o sea, los falsificó, para enviar dinero al exterior supuestamente para pagar a proveedores. En consecuencia, Galeano fue condenado al pago de una exigua multa de G. 750 millones, mientras los demás debieron pagar G. 93.750.000 cada uno. Tras abonar la sanción, el 6 de enero la jueza de ejecución Flavia Recalde archivó el expediente.
Para ese entonces, según fotografías y fuentes, Ricardo Galeano se encontraba de vacaciones familiares en Europa.
El pago de la multa y el viaje a Europa se dio el mismo año en que, en marzo, la familia ganase notoriedad debido a la mega celebración del cumpleaños de la hija de Galeano. La ostentosa decoración y comida de la mejor calidad fueron solo detalles en una noche amenizada por la artista argentina del momento, María Becerra. Publicaciones indican que el show habría costado USD 65.000.
Amigos de Hugo Velázquez trabajan con contratistas del Gobierno
Y es que mientras la investigación seguía sin imputados, los empresarios crecieron en fortuna. Por ejemplo, documentos prueban que Sweid, Sosa y Taboada son accionistas de Rotesma, empresa que provee grandes estructuras a contratistas del Gobierno. Ninguna de estas personas fueron mencionadas en la sentencia de Meza.
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Sweid y Sosa son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. También del abogado Juan Carlos Duarte. Ambos fueron declarados significativamente corruptos por Estados Unidos.
Juan Carlos Duarte niega defensa
El abogado Juan Carlos Duarte se presentó, en diciembre de 2013, en la redacción de ABC, en compañía del hoy condenado por falsificar documentos, Ricardo Galeano, de su socio, Walid Amine Sweid, y del abogado Paraguayo Cubas.
Sin embargo, Duarte envió ayer un escrito explicando “que renuncié al mandato en la causa 68/14 en el año 2016. O sea, hace 7 años no tengo relación procesal alguna ni intervención en el expediente”.
“Es más, en la causa nunca fui abogado de los citados en la nota. Sí de Juana Galeano y mi intervención se limitó a que me presenté a pedir copias de la carpeta fiscal, siendo esa la única actuación procesal que tuve en esa carpeta de investigación. Todo esto lo pueden comprobar como medio de prensa con la sola lectura de toda la carpeta de investigación fiscal”, añade Duarte y exhibe la fotografía de la presentación de su renuncia al mandato que tenía como abogado en el expediente 68/14.
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“En otro tren de cosas, el ejercicio de la profesión de abogado no representa anomalía alguna y menos la amistad entre personas. Estoy abierto a cualquier pregunta si existiere alguna duda respecto a lo que se publica faltando a la verdad tal vez por desconocimiento”, agrega en su escrito Juan Carlos Duarte, asumiendo su amistad con los investigados.
Fiscalía no contesta
Ayer llamamos a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para conocer su postura al respecto del expediente y la condena, pero no respondió llamadas ni mensajes. También volvimos a llamar al fiscal del caso, Diego Arzamendia, pero tenía su teléfono apagado.
Igualmente intentamos en la semana hablar con la abogada de Ricardo Galeano -según consta en los documentos-, Alba Zaracho, quien tampoco atendió. Estamos abiertos a recibir la posición, tanto de Galeano, como de Arzmendia, Quiñónez y demás personas mencionadas en el artículo cuando lo consideren pertinente.