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Este jueves 8 de diciembre salió a luz un documento por el cual se confirma que fue abierta una investigación preliminar contra el abogado Amílcar Fretes, hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, y contra Adriana Margarita Florentín Oliver, relatora de la Corte y pareja de Asdrúbal Fretes, el otro hijo del ministro.
El documento que abre la investigación está firmado por el presidente interino de la Corte, Alberto Martínez Simón.
El abogado Amílcar Fretes está en el ojo de la tormenta por un contrato de 368.000 dólares que firmó con el hijo de Kassem Mohamad Hijazi para impedir la extradición de este último a los Estados Unidos.
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¿De dónde sacó tanta plata?
Por su parte, Adriana Margarita Florentín Oliver tiene muchas explicaciones que dar a la Justicia, pues declaró ante la Contraloría General de la República un salario de G. 15 millones como Relatora de la Corte. Sin embargo, aparece como propietaria de dos cuentas bancarias por valor de G. 135.000.000 y acciones en la casa de préstamos Ahoraité por valor de G. 200.000.000.
El clan Fretes saltó al tapete en estos últimos meses, tras descubrirse que maneja una descomunal cuantía de bienes.
Gran parte de esas propiedades provendría de quiebras que estuvieron administradas por la Sindicatura General de Quiebras, dependencia a cargo del Poder Judicial. Algunas fincas tienen ubicaciones privilegiadas, con cotizaciones de mercado en millones de dólares. Empresas inmobiliarias vinculadas aparecen como dueñas.
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Un patrimonio inmobiliario de dudosa procedencia
Extensas propiedades tanto en Asunción como en otras codiciadas zonas del país engrosan el patrimonio inmobiliario del clan Fretes, liderado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes. Los lotes aparecen a nombre de Río Salado SA y Tebicuary Campos & Hacienda SA, dos empresas en las cuales el principal referente es Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (38), hijo del integrante de la máxima instancia judicial.
ABC, a partir de datos existentes en el portal web del Servicio Nacional de Catastro (SNC), localizó -hasta ahora- más de 20 inmuebles, cuya titularidad está consignada a las citadas firmas (ver info). La superficie de estas propiedades identificadas supera 3.200 hectáreas por un valor fiscal superior a G. 28.730 millones (alrededor de US$ 4 millones). Este monto, sin embargo, quedaría una bicoca si consideramos el valor real de mercado, que sería muy superior.
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No quiere soltar su silla
Antonio Fretes, que se aferra al cargo de ministro de la Corte pese a la ola de escándalos como ser el acuerdo firmado por su hijo Amílcar Fretes Escobar con un hijo del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi para evitar su extradicción a EE.UU., habría convertido la Sindicatura General de Quiebras en su feudo.
Reportes periodisticos señalan que en 2016 logró ubicar a Felipe Ramón Nery Huerta Delgado como síndico general de Quiebras. Huerta era director administrativo y financiero de la Facultad de Derecho de la UNA cuando Fretes era decano de esa casa de estudios. El paso del actual síndico general por esa facultad había sido cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR) debido a pagos extraordinarios y otras anomalías. Fretes también consiguió mantener como síndico a su compueblano y protegido, Blas Velázquez, denunciado recientemente como parte de un supuesto esquema de estafa.
Meteórico ascenso económico
Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano pasó de ser un modesto exfuncionario de la Fiscalía con un salario mensual de G. 9.910.000 a figurar como parte de la empresa Río Salado SA, a partir del 28 de abril de 2015. Según los documentos en poder de ABC, el hijo del ministro Fretes primero ocupó el cargo de director titular para luego, el 26 de abril de 2016, presentarse ante la asamblea ordinaria con acciones por G. 2.100 millones de los G. 20.000 millones del capital aprobado para esa firma.
No declaró millones a la Contraloría
Un punto contundente es que nada de los movimientos y cargos mostrados en los documentos está en la declaración jurada presentada por Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano ante la Contraloría General de la República (CGR) el 14 de setiembre de 2016, cuando dejó de ser empleado público.
Fuentes judiciales consultadas por este diario mencionan que, ante estas evidencias, Asdrúbal Fretes pudo haber incurrido no solamente en declaración jurada falsa, tipificada con hasta 5 años de cárcel, sino también en indicios de enriquecimiento ilícito y hasta posible lavado de dinero, ya que se desconoce la fuente de los ingresos.
Podría perder la matrícula
En caso de confirmarse irregularidades, la Corte podría cesar la matrícula de abogado a Amílcar Fretes, es decir, ya no podrá ejercer como profesional del derecho.
Y en el caso de la pareja de Asdrúbal, la funcionaria podría ser sumariada e incluso expulsada de la máxima instancia judicial.
La providencia que ordena la apertura de la investigación preliminar fue firmada días atrás y actualmente está a cargo de la Superintendencia General de Justicia para las tramitaciones correspondientes.