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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Alba González, como presidenta, Gloria Hermosa y Víctor Hugo Alfieri condenó a los mexicanos Martín Manuel Huerta Flores a 22 años de prisión; y Armando Carrillo Flores a 20 años de cárcel por tráfico internacional de cocaína y asociación criminal. El también mexicano Marco Antonio Castro de la Rosa fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad por posesión ilícita y asociación criminal.
La sentencia del colegiado es también contra los taxistas paraguayos Pablo Eliseo Brítez Núñez y Patricio Mario Fernández Villalba; además de Ubaldo López, condenados a 8 años por posesión ilícita y asociación criminal; y el abogado Hernán Liseras, quien recibió una pena de 2 años con suspensión de la ejecución, por asociación criminal.
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El caso inició el 7 de diciembre de 2016, cuando agentes especializados de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) bajo supervisión de la DEA confiscaron 308 kilos de cocaína en una casa de Villa Elisa. A partir de ahí se realizaron varias diligencias que concluyeron con la aprehensión y procesamiento de los hoy condenados.
Fiscal conforme con las penas
El fiscal Osmar Segovia expresó conformidad con las penas dictadas por el tribunal y destacó también la orden de comiso de los bienes que fueron incautados a todos los procesados, entre ellos dos toneladas de papel aluminio cuyo valor asciende a 130.00 dólares, además de dinero en efectivo que alcanzaría los US$ 10.000 y máquinas para procesar caña de azúcar.
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Conexión con el cártel de Sinaloa
La jueza Gloria Hermosa, miembro del Tribunal, indicó que mediante las grabaciones de las llamadas entre los procesados se confirmó que la banda traficaba cocaína para el cártel de Sinaloa.
La magistrada agregó que varios de los paquetes de la droga que la Senad incautó en diciembre de 2016 tenían uno de los sellos que caracteriza al grupo criminal mexicano. “Como tribunal nosotros confirmamos que ese sello es uno de los que utiliza el cartel”, puntualizó.
“Este grupo criminal vino a Paraguay para crear empresas de fachada y contaminar con la cocaína los bienes lícitos que adquirían, en este caso aluminio, para luego enviarlos a Europa”, resaltó el fiscal Segovia.
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