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El oficialismo, encabezado por el propio presidente Mario Abdo Benítez, está operando entre los miembros del Consejo de la Magistratura para que Mónica Seifart integre la terna de candidatos para suceder a Sandra Quiñónez en la Fiscalía General del Estado.
Fuentes cercanas a los consejeros dijeron a este diario que el senador Óscar “Cachito” Salomón, presidente del Congreso Nacional, es otro referente del oficialismo que está operando entre los consejeros para que Mónica Seifart sea una de las ternadas para la Fiscalía General.
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Los consejeros que responden al oficialismo y el cartismo repetirían el “pacto cicatriz”, pero esta vez para que Seifart sea ternada y, posteriormente, designada como sucesora de la cuestionada fiscala general, Sandra Quiñónez.
Mónica Seifart tendría votos de oficialistas y cartistas
Para integrar la terna los postulantes necesitan seis votos, del total de ocho integrantes del Consejo de la Magistratura: Óscar Paciello (presidente), Gustavo Miranda (vicepresidente), Édgar Olmedo (representante del Ejecutivo), Eugenio Jiménez Rolón (representante de la Corte Suprema), Pedro Santa Cruz (Senado), Roberto González (Diputados), Jorge Bogarín (gremio de abogados) y César Ruffinelli (universidades privadas).
Así como están las cosas, los únicos consejeros que no votarían por Seifart son el senador Pedro Santa Cruz, representante de la Cámara Alta, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, representante del máximo tribunal. Este último se excusó de evaluar a Seifart en la audiencia pública y anunció que también se abstendría en la evaluación general.
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Con estos dos votos menos, Mónica Seifart igual lograría integrar la terna, ya que obtendría los seis votos restantes. Sin embargo, el consejero Gustavo Miranda también debería excusarse de votar por Seifart, teniendo en cuenta que el mismo no participó de la audiencia pública de la postulante, debido a compromisos en su carácter de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Itapúa.
En la audiencia pública, el único consejero que evaluó con 19 puntos a Seifart fue el senador Pedro Santa Cruz; los demás le otorgaron el total de puntos (20).
De los 80 puntos posibles en las etapas de Idoneidad (60) y Audiencia Pública (20), la ex asesora jurídica de la Presidencia de la República y ex representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura obtuvo un total de 61,23 puntos, ubicándose en la sexta ubicación en la tabla de puntuaciones.
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Puntajes mal otorgados por disertación y diplomado
El certificado presentado por Mónica Seifart para la validación de la disertación, en la etapa de Idoneidad, no consta de firma alguna, a pesar de que el reglamento establece que debe estar “debidamente comprobado”.
El nombre citado al pie es de Raúl Bogarín, a quien ella misma había mocionado para integrar la terna para Tribunal de Apelaciones en la Civil de la Capital y que además es hermano de Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Por otro lado, Seifart presentó un título de magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia (UP, 2018), que contiene 10 módulos, una monografía y una tesis. Incluye los títulos intermedios de Especialista y Diplomado. Luego de los primeros 4 módulos se obtiene el certificado por el Diplomado. Aprobando otros 6 módulos más un trabajo de monografía se obtiene la Especialización. Y luego de un trabajo de tesis se obtiene el título de magíster.
En resumen, el diplomado, la especialización y la maestría son en realidad el mismo programa, por lo que el puntaje por diplomado y especialización (total 1,5 puntos) fue otorgado indebidamente.
Seifart habría ocultado denuncia de corrupción en pandemia
En plena pandemia, Mónica Seifart, entonces asesora jurídica de la Presidencia de la República, fue alertada por el empresario Ignacio Pidal sobre los posibles hechos de corrupción en la compra de insumos realizada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), bajo la administración de Édgar Melgarejo Ginard, para la lucha contra el coronavirus, pero nunca alertó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La excusa de Seifart en ese entonces fue: “No recibí nada por escrito”. Sin embargo, la Ley 1.626 de la Función Pública establece que es obligación de cualquier funcionario público “denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo”, según establece la normativa.
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Siendo abogada, Seifart no podría argumentar desconocimiento de la ley. Y esta obligación debería ser incluso mayor para quienes forman parte del grupo de funcionarios de mayor confianza del presidente de la República, como es su caso.
Seifart argumentó que desconocía el caso de corrupción
Durante la audiencia pública, Seifart fue cuestionada por este hecho y alegó que entonces era asesora jurídica de la Presidencia y que no tuvo la oportunidad de conocer lo que Pidal sabía. “Estábamos en el combate al covid. Pidal debe rectificarse en todos los términos; quiere desprestigiar mi honor, me persiguió sin motivo”, afirmó.
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Cuando se le insistió por el motivo de no darle curso a la denuncia de Pidal, sobre la presunta corrupción, Seifart manifestó que el denunciante tomó contacto con ella y pidió que se le comunique con una persona para que pueda traer sus cargas.
“A través de otras personas pidió hablar conmigo”, señaló. Agregó que no contactó con Pidal para realizar algún negocio ni hecho punible. “Solamente le di el número de teléfono del director de la Dinac porque esa persona quería ayudar en la lucha contra el covid. Si me llama cualquier ciudadano, le voy a dar informes de mi conocimiento, no hay ocultamiento de hecho punible”, puntualizó.
Seifart, asimismo, fue criticada por el supuesto nepotismo y del ascenso de su hija Ximena Martínez Seifart en el Poder Judicial, donde actualmente es secretaría general de la Corte. La postulante contestó que estaba orgullosa de su hija y afirmó que no tuvo un ascenso meteórico.
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Indicó que su hija es abogada, que además proviene de una familia de abogados y que trabajó desde joven en las oficinas del Poder Judicial. “Sigue la persecución en mi contra y la de mi familia”, manifestó.