En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Amílcar Fretes, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló de la revelación de que firmó un acuerdo con un hijo del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, por el cual habría cobrado US$ 386.000, para proveer sus servicios profesionales al mismo para buscar la forma de evitar la extradición de Hijazi a los Estados Unidos.

El acuerdo fue firmado el 30 de septiembre de 2021, nueve días después de que el juez José Agustín Delmas confirmara el proceso de extradición de Hijazi, requerido por Estados Unidos por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

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Amílcar Fretes dijo a ABC Cardinal que Sharif Kassem Hijazi, hijo de Kassem Mohamad, es conocido suyo y se acercó para pedirle asistencia legal para su padre.

“Le pedí un tiempo para interiorizarme y luego le dije que no había posibilidad, que su padre iba a ser extraditado y no había forma de parar eso”, indicó el abogado.

Acuerdo firmado, con extradición inminente

Según el relato de Fretes, Sharif Kassem Hijazi entonces le pidió que lo conecte con un abogado experto en asuntos internacionales, por lo que contactó con su colega Rafael Fernández y le pidió que tome el caso.

Amílcar Fretes enfatizó que su padre, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, “no tenía ni tuvo conocimiento hasta el día de hoy” de su contrato con Sharif Kassem Hijazi.

El 12 de octubre, dos semanas después del acuerdo del contrato, un Tribunal de Apelación especializado en crimen organizado confirmó el proceso de extradición.

El 12 de mayo de este año, el Ministerio Público allanó la celda de Kassem Mohamad Hijazi en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en el marco de la investigación del asesinato en Colombia del fiscal Marcelo Pecci, quien llevaba la causa de Hijazi en Paraguay.

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Los intervinientes hallaron el acuerdo firmado por Fretes con el hijo de Hijazi, además de fotografías del domicilio de Fretes guardadas en un teléfono celular que poseía el brasileño.

Buscaban imputación en Paraguay

Fretes explicó que la intención de la familia de Hijazi era lograr que el brasileño sea imputado en Paraguay para evitar su extradición a los Estados Unidos, aunque afirmó que esa “jugada” fue iniciativa de los Hijazi y que solo informaron de eso a Fernández días después de que este tomara el caso.

El contrato establece un plazo de 30 días para que Fretes brinde una “salida jurídica” a sus clientes o devuelva el dinero, un plazo que el abogado afirma se debe a que para entonces el proceso de extradición de Hijazi ya estaba confirmado.

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“Yo no podía comprometerme a un trabajo de 60 o 120 días sabiendo que iba a irse”, dijo.

Sobre el dinero prometido a Fretes, el abogado afirmó que “no se entregó la plata”, sino que en el acto de firma del contrato –que según dijo tuvo lugar en el Hotel Excelsior de Asunción- Sharif Kassem Hijazi desembolsó US$ 60.000 “para que el doctor Rafael Fernández haga las presentaciones correspondientes”, dinero que afirma quedó en poder de “una persona de confianza del señor Sharif en Asunción”.

Sin embargo, el texto del contrato firmado indica que el hijo de Hijazi “entrega en este acto” la suma acordada de 386.000 dólares.

Además, Fretes dijo contradictoriamente que Fernández “entró dos días después de que yo hubiera firmado el documento”.

Consultado sobre la identidad de Juan Carlos Benítez, otra persona nombrada en el contrato, Fretes afirmó que se trata de un escribano de Ciudad del Este, quien fue la persona que contactó con él para intermediar el encuentro con Sharif Kassem Hijazi.

Niega amenazas

Fretes negó además haber recibido amenaza alguna por parte de los Hijazi, indicando que la fotografía de su domicilio hallada en el teléfono incautado se tomó cuando allegados de Hijazi fueron a su domicilio a entregarle un documento, luego de que él mismo les haya enviado la ubicación.

“Me quitan una foto para decirme ‘entregado’”, dijo el letrado.

Fretes admitió que fue un error de su parte no informar a su padre de la firma del contrato, aunque insistió en que no se puede considerar que haya tráfico de influencias porque su vinculación con el caso culminó 30 días después de la firma del contrato, cuando el caso seguía en la Cámara de Apelaciones y aún no estaba en la Sala de Asuntos Constitucioneales en la que su padre, como ministro de la Corte Suprema, hubiera tenido que intervenir, a pesar de que era seguro que el caso eventualmente iba a ser llevado a consideración del ministro Fretes.