Donación de órganos: “Nuestra ley Anita no funciona al 100%”, lamentan

El director del Hospital de Trauma, doctor Agustín Saldívar, señaló esta mañana que aún están apelando a la voluntad de familiares de fallecidos que no dejaron constancia sobre el rechazo a la donación de sus órganos, pese a la vigencia de la “ley Anita”, según lamentó.

La "ley Anita" convierte a todos los mayores de edad en donantes de órganos tras su fallecimiento, a excepción de aquellos que expresamente hayan decidido en vida no serlo.
La "ley Anita" convierte a todos los mayores de edad en donantes de órganos tras su fallecimiento, a excepción de aquellos que expresamente hayan decidido en vida no serlo.Gentileza

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En estos últimos días, el Hospital de Trauma participó de unas 10 cirugías de trasplante renal tras donación de órganos, según destacó el director de esta institución, Agustín Saldívar.

No obstante, comentó que a pesar de que es sabido que los pacientes cadavéricos permiten salvar vidas, sigue habiendo rechazo a la donación de órganos.

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Lamentó, en ese sentido, que la “ley Anita” sobre la donación de órganos aún no está cumpliendo su objetivo. “Nuestra ley Anita no funciona al 100%”, dijo.

Aún apelan a voluntad de familiares para donación de órganos

Explicó que, por ello, aún están sometidos a la voluntad de los familiares de personas que fallecieron y no dejaron constancia de oposición a la donación.

“Nosotros no queremos hacer una repulsa, entonces seguimos con la petición a los familiares”, declaró.

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“Si la ley Anita se va a aplicar al 100%, uno tiene que leerles su derecho a sus personas y mostrarles que no están anotadas como opositores”, agregó.

Actualmente, hay 60 personas en lista de espera por un riñón, 6 por hígado, 5 por corazón y 168 por córneas.

¿Qué dice la ley Anita?

La “ley Anita” convierte a todos los mayores de edad en donantes de órganos tras su fallecimiento, a excepción de aquellos que expresamente hayan decidido en vida no serlo.

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La normativa fue sancionada por el Congreso en agosto del 2018 y reglamentada por el Ejecutivo en julio del 2019.

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