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Nueve concejales allanaron el camino para que el intendente de la ciudad de San Antonio, Santiago Aguilera, liberal llanista, tercerizara y firmara contrato con la empresa Nuevo Horizonte Ambiental S.A, que estaría ligada a la cuestionada recolectora El Farol, de Adelaida Cañete. Esto, para el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos.
El jefe comunal, durante toda su campaña prometió potenciar y no tercerizar el servicio de recolección, pero en menos de un año de gobierno ya faltó a su compromiso, y ahora la ciudadanía está atada a un contrato leonino.
A espaldas de la ciudadanía
La firma del convenio se hizo con total hermetismo, a espaldas de la ciudadanía. La mencionada entidad operará en la ciudad por 10 años, y solo aportará un canon de poco más de G. 5 millones, equivalente a 60 jornales mínimos.
Además, la empresa podrá cobrar un interés del 2,5 % a los morosos, e incluso llegar a los estrados judiciales para percibir el monto establecido. También, la municipalidad debe ofrecer una oficina a la empresa dentro del edificio.
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En caso de que la administración municipal desee rescindir el contrato, deberá de abonar la suma de G. 1.000 millones y la empresa no está obligada a retirar los residuos si el contribuyente no abona por el servicio en tiempo y forma.
Sin embargo, la municipalidad exige una garantía de G. 500 millones a la empresa para operar en la ciudad. También estipula el documento, que las tarifas podrán ser reajustadas cada año, a pedido de la empresa.
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En este contexto, se aclara que los reajustes deberán ser aprobados por la Junta Municipal, pero en caso de que la municipalidad no responda el pedido de la firma recolectora en un plazo de 45 días hábiles, se dará por aprobada y aceptada la suba de la tarifa.
El contrato también establece la obligatoriedad de usufructuar el servicio con la mencionada empresa, y no se podrá contratar el servicio de otra entidad, que no esté autorizada por Nuevo Horizonte.
También, ningún contribuyente podrá pagar su patente o realizar otros trámites ante la administración municipal si no está al día con la tasa de recolección de basura. En este caso, la municipalidad prioriza el pago a la empresa que a su propias arcas.
Intendente no da detalles
Consultado el intendente municipal sobre la tercerización de la recolección, solo se limitó a decir que el servicio a cargo de la administración era insostenible por la alta morosidad, pero no habló del contrato leonino y del porque se firmó por 10 años.
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Un total de siete liberales, un colorado y un encuentrista, allanaron el camino para la contratación de la empresa privada. En tanto, solo tres colorados rechazaron la tercerización y el contrato leonino con la mencionada entidad de servicios.
Una gran cantidad de basura se nota en las calles y avenidas, pese a que la empresa ya opera desde mediados de esta semana. La ciudadanía no está enterada, ni siquiera de las frecuencias que se utilizará en los diferentes barrios.
Las autoridades tampoco dieron a conocer a los responsables de la empresa y cuales serían los sistemas de cobro por el servicio. Tampoco se llamó a una audiencia pública para aclarar a la ciudadanía sobre la tercerización, que se concretó entre cuatro paredes.
Municipalidad con graves problemas económicos
La administración del intendente Aguilera no está pasando por su mejor momento, y los funcionarios aún no están cobrando sus salarios correspondientes al mes de setiembre. Tampoco hay certeza de cuándo podrán percibir sus haberes.
Uno de los mayores problemas de la administración es la superpoblación de funcionarios. Los ingresos genuinos no alcanzan para pagar a los casi 150 trabajadores, varios sin función específica. Además el intendente contrató a integrantes de una familia.
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En este caso el concejal liberal, Leandro León, indicó que todos los cargos son políticos, y que la administración tiene la potestad de contratar y despedir a funcionarios.
Los funcionarios despedidos también iniciaron un juicio a la municipalidad para cobrar sus respectivas indemnizaciones. Ya en el mes de julio, la junta otorgó una ampliación presupuestaria de G. 2.000 millones, donde el mayor parte de este dinero fue para pagar salarios.