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La semana pasada ya ser perdieron unos 400.000 kilos de tomate en el departamento de Caaguazú por la falta de comercialización. Los frutos no pudieron ser cosechados a tiempo y terminaron pudriéndose por las plantas.
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Ahora otros 400.000 kilos de tomate están nuevamente en peligro de perderse y la situación de la gente del campo se va agravando. Los mismos cuentan con créditos millonarios que pagar, pero la desatención del Gobierno está llevando a la familia agrícola en una profunda crisis económica.
El productor de Coronel Oviedo, Adilio Brítez, dijo que la semana pasada se perdieron unos 50.000 kilos de tomate en su finca y unas 100.000 a nivel distrital. Indicó que actualmente ya cuentan otros 100.000 kilos para ser cosechados, pero que hasta ahora no tienen compradores del producto. Comentó que a esta crisis se suma el bajo precio de los productos y la inestabilidad climática que acelera la maduración y descomposición de los frutos.
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Señaló que los tomates que cuentan en sus fincas ya deben de ser comercializados entre hoy y mañana, caso contrario, nuevamente se perderán. Añadió que muchos productores cuentan con créditos millonarios en entidades bancarias privadas que sí o sí deben ser pagadas y que con esta situación ya no saben qué hacer.
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El director de Comercialización del MAG, Ing. Ernesto Sotelo, reconoció la difícil situación de los productores y aseguró que una serie de factores como el contrabando, la comercialización y el clima llevaron a la pérdida de los tomates. Dijo que se está haciendo el máximo esfuerzo para frenar el contrabando y que en los próximos días ya se estaría mejorando. Añadió que enviarán técnicos al campo para realizar un relevamiento de datos de la situación de los frutihorticultores y buscar paliar las falencias que generan perjuicios a los agricultores.
Durante esta mañana se estuvo llevando a cabo una reunión entre productores y autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), y la Unidad Interinstitucional de prevención, combate y represión del Contrabando (UIC), con el fin de definir mecanismos de solución al problema.