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El juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios, por Auto Interlocutorio (AI) N° 1066 del 28 de setiembre de 2022, confirmó la desestimación de la denuncia promovida en contra de la exjueza Tania Carolina Rosa Irún Ayala por supuestamente haber accedido de forma indebida al sistema informático para resolver una sentencia en el sonado caso de la entrega de tierras en zona de seguridad fronteriza, motivo por el cual, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le destituyó del cargo de jueza.
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Análisis del juzgad
En el análisis realizado por el juez Palacios para dictaminar su resolución, reveló que en el transcurso de la investigación que realizó el Ministerio Público se produjo la prescripción porque han transcurrido 3 años y 9 meses desde que se inició el supuesto hecho punible de acceso indebido a sistemas informáticos que se le atribuyó a la exmagistrada. El referido delito tiene una expectativa de hasta 3 años de prisión y la prescripción operó a los 3 años de haberse iniciado el supuesto hecho punible.
Cuando la fiscala Silvana Otazú Cambiano, por Requerimiento N° 110 del 9 de setiembre de 2022 solicitó la desestimación de la investigación, la causa ya estaba prescripta. Sin embargo, el juez Palacios también tuvo en cuenta -además de la prescripción- que el Ministerio Público argumentó que de la investigación llevada adelante no surgían elementos que puedan ser tipificados dentro del hecho punible denunciado e investigado.
La causa abierta en la Fiscalía estaba caratulada como “Tania Carolina Rosa Irún Ayala s/ acceso indebido a sistemas informáticos”, N° 1-1-2-44-2020-949.
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Hechos
La denuncia penal fue presentada el 20 de mayo de 2020 por parte de Evaristo Fernández contra de la entonces jueza Tania Carolina Rosa Irún Ayala, del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Décimo Quinto Turno de las Secretarías Nº 29 y 30 de la Capital en razón del supuesto uso indebido de su usuario y contraseña para disponer de su firma electrónica a través del Sistema de Gestión Judicial JUDISOFT para dictar la Sentencia Definitiva Nº 494 de fecha 23 de noviembre de 2018 a las 13:02.
El referido fallo tenía que ver con el juicio “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, dicha resolución judicial habría sido dictada en el tiempo de la vigencia del interinazgo del juez Hugo Becker y de la vigencia del permiso por maternidad que se encontraba usufructuando la jueza Irún Ayala.
La Corte Suprema le otorgó permiso por maternidad por el término de 18 semanas conforme a la Ley 5508/15, a través de la Resolución N° 2234 de fecha 26 de setiembre del año 2018 con la cual, resolvió desafectar a la jueza Irún Ayala de sus funciones desde el 24 de setiembre de 2018 hasta el 27 de enero de 2019. El juez Hugo Becker fue designado como de dicho Juzgado por el tiempo en que duraba el permiso por maternidad.
Sin embargo, el 23 de noviembre de 2018, la Corte Suprema dictó la Resolución Nº 2780 en fecha 23 de noviembre de 2018, en el cual en su artículo 4 dejó sin efecto el permiso concedido a la magistrada Irún Ayala.
El mismo día 23 de noviembre de 2018, la jueza Irún Ayala dictó el fallo en la causa que es cuestionada. Pero la Fiscalía sostiene que a partir de esa fecha la jueza ya estaba habilitada para disponer del sistema informático de su despacho, pese a que fue notificada de la disposición unos días después.
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Confirman a fiscala del caso de supuesto prevaricato
En otro caso, en la causa penal que enfrenta la exjueza Tania Irún Ayala por el delito de prevaricato, la Fiscalía General del Estado rechazó la impugnación promovida por la imputada y confirmó a la fiscala Natalia Fúster para seguir en la causa.
Justamente, el Ministerio Público tiene plazo hasta el lunes 3 de octubre para presentar su requerimiento conclusivo.
La imputación por prevaricato es por disponer la entrega de tierras en zona de seguridad fronteriza, en violación a la ley N°2532/2005. En el fallo cuestionado Irún Ayala ordenó la entrega de más de 310.000 hectáreas de tierras que se encuentran en el Chaco, a empresas consideradas de maletín.