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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación presentada por el fiscal Juan Manuel Ledesma y procesó al exgobernador de Central Hugo Javier González por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal. Este nuevo proceso es por el supuesto desvío de unos G. 24.000 millones de la Gobernación.
La audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que el magistrado resolverá si ordena el arresto domiciliario del “número 2″, como pide el Ministerio Público, será el viernes 7 de octubre, a las 8:20. Ese mismo día deben comparecer otros tres procesados para la imposición de medidas, mientras que para los otros 46 procesados la diligencia se programó entre el lunes 10 y el viernes 14 de octubre.
La presenta causa se inició en octubre de 2021, con la denuncia presentada ante el Ministerio Público por los concejales departamentales liberales Roque Ávalos, Adrián Vaesken, Laura Moreira, Derlis Larroza, Daniel Ferreira, Benita Jara y Dilio Ortiz, debido a dudosas transferencias de dinero realizadas por la Gobernación de Central y la falta de documentos respaldatorios que avalen la buena ejecución de los recursos desembolsados durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
Desembolsos por G. 18.300 millones sin respaldo, según Fiscalía
La imputación fiscal señala que varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) recibieron más de G. 50.000 millones, de los cuales ahora, según el Ministerio Público, el daño patrimonial, en principio, sería de más de G. 24.000 millones.
El informe final de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la causa fue fundamental para la denuncia efectuada por los ediles del Partido Liberal Radical Auténtico.
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En la misma constan innumerables irregularidades y se destaca que G. 18.300 millones desembolsados en 2019 por el ahora exgobernador de Central Hugo Javier González (ANR, cartista) no tienen respaldo en documentos.
Otros 49 procesados junto al “número 2″ Hugo Javier
Los demás imputados que guardan relación directa con la Gobernación de Central son: Carlos Alberto Giménez Insfrán, ex director general de Administración y Finanzas (hasta el mes de junio de 2019), y Javier Marcelo Rojas Giménez, ex director general de Administración y Finanzas (desde el mes de junio de 2019 hasta abril de 2022).
El Juzgado de Garantías también procesó a Luis Allende Araújo, exjefe de Tesorería; Édgar José Zaracho Quintana, exdirector de Asesoría Jurídica; José Manuel López Duarte, exjefe del Departamento de Rendición de Cuentas; Natalia Soledad Valenzuela Gómez, secretaria de Equidad, Género y Desarrollo Humano.
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La nómina de procesados continúa con: Armando Adolfo Soler Espínola, secretario de Obras Públicas; Fernando José Brítez Sánchez, secretario de Desarrollo Sostenible; Víctor José Emilio Basualdo Ramírez, secretario de Desarrollo Económico, y Cirilo Daniel Darmanas Flores, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (hasta el mes de junio de 2020).
También fueron procesados: Hugo Javier Cabrera Guerrero, presidente del Consejo Regional de Salud del Departamento Central (desde el mes de junio de 2020); Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo y Mónica Liliana Benítez Cáceres, tesorero y contadora, respectivamente, del Consejo Regional de Salud del Departamento Central.
Presidentes de ONG, también procesados
La Fiscalía de Delitos Económicos también investiga a los miembros de dos fundaciones que recibieron millonarios fondos de la administración de Hugo Javier González Alegre, durante los años 2019 y 2020.
Se trata de Esteban Álvarez Quevedo, de profesión psicólogo, y Juan Vicente Caballero Villalba, presidente y tesorero, respectivamente, de la Asociación Plantemos Conciencia. Una investigación realizada por ABC pudo comprobar que la ONG ni siquiera existía en la dirección declarada en la ciudad de Asunción.
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Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y Paulino de los Santos Palacios Recalde, presidente y tesorero, respectivamente, de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Ambos ya fueron imputados en una primera causa, el pasado 1 de noviembre, también relacionada a la Gobernación de Central.
El presente proceso penal incluye además a Antonio Ramón Fariña Villalba e Israel Espínola Ferreira, presidente y tesorero, respectivamente, del Centro Nacional de Organizaciones Populares.
La lista de procesados prosigue con: Blas Vicente Oddone Céspedes y Gloria María Barrios Martínez, presidente y tesorera, respectivamente, de la Asociación Eco Desarrollo para la Promoción del Desarrollo Sostenible con Energías Renovables.
Supuestos proveedores imputados
La imputación presentada por el fiscal Juan Ledesma es también contra los proveedores de la Gobernación de Central Héctor Manuel Aguilera Florentín, Juan Darío Cáceres Abbate, Luis María Galarza Ovelar, Rodrigo Manuel Correa Arroyo, Raúl Orlando Britos Santacruz, Carlos Víctor Cacique Rojas Orué, Andrés Manuel Cubilla, Guido Joaquim Borba Subeldía y Luis César Argüello.
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Otros proveedores procesados son: Benita Yegros Vallejos, Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, Virgilio Espínola Rosalez, Eliseo Palacios Morel, Melissa María Elena Núñez Honzi, Lorena María Vera Rojas, Diego Augusto Duarte López, Claudio David Servín Notario y Guido Diomedes Subeldía Junior.
La nómina de imputados cierra con: Óscar Morel Oses, Juan Robert Jiménez Rolón, Hugo Wilberto Rojas Villagra, Virgilio Acosta Sandoval, Cristhian Florentín Pérez Ruiz, María Teresa Arroyo Ortiz, Lila Angélica Duarte Vda. de Céspedes, Ezequiel Bogado Barrios, Mercedes María Bogarín de Robles y Claudio Ceferino Robles Ibarra.
Allanamientos se iniciaron en noviembre de 2021
El fiscal Juan Ledesma y su comitiva allanaron entre noviembre y diciembre pasado, en dos ocasiones, la Gobernación de Central. Fueron colectados varios elementos clave que ahora desembocaron en la imputación de 50 personas.
También en enero de este año fue allanada la empresa denominada “KL Servicios Varios”, de Benita Yegros Vallejos, supuesta proveedora para la Gobernación de Central. La firma se dedica a la organización de eventos y habría facturado por más de G. 1.500 millones en el año 2019.
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El otro lugar allanado se denomina “HVAC Ingeniería Técnica y Calidad”, propiedad de Gustavo Adrián Villamayor Hermosa, quien se dedica a la instalación, mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire. Supuestamente, la empresa también habría recibido fondos de la institución departamental, unos G. 1.700 millones en 2019, por la reparación de acondicionadores de aire.