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Ayer, la secretaría de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la abogada Karina Penoni, informó que el 22 de agosto último el ministro de la sala constitucional Víctor Ríos Ojeda se inhibió de la causa abierta por estafa en perjuicio de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, estimada en casi G. 13.000 millones.
En ese sentido, explica que tras la inhibición del ministro de la Sala Penal Luis María Benítez Riera, el caso fue derivado a los ministros de la sala constitucional para consulta de integración y como todos declinaron atender la causa, actualmente se realiza dicha consulta a los miembros de la sala civil y comercial.
En un urgimiento presentado el 21 de setiembre, la fiscala Alejandra Savorgnan solicitó a la Corte destrabar la causa para que la Cámara pueda realizar el estudio de la condena establecida en primera instancia para 15 exdirectivos de la entidad.
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En su presentación, la agente fiscal señalaba que desde el 22 de julio el expediente se encontraba a cargo del ministro Ríos, para consulta de integración.
Defensor provocó separación de camarista y ministro
Una vez conformada la sala penal -integrada además por los ministros Manuel Ramírez Candia y María Carolina Llanes- la misma deberá resolver la impugnación de la camarista Bibiana Benítez a la inhibición de su colega Arnulfo Arias Maldonado.
El camarista Arias se inhibió el 5 de abril pasado, por tener causal de excusación con el defensor Juan Francisco Valdez, cuya intervención motivó igualmente la separación del Dr. Benítez Riera.
La preocupación de la representante del Ministerio Público radica en la posibilidad de que los ahora condenados a penas de 2 a 8 años por estafa agravada y lesión de confianza agravada, todos exdirectivos de la Aso, puedan ser beneficiados por la eventual prescripción de la causa, por la excesiva dilación en la definición del caso.
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Tribunal constató perjuicio de casi G. 13.000 millones
En una sentencia divulgada el 22 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Sentencia presidido por Olga Ruiz e integrado por Elsa García y Víctor Medina declaró probado un perjuicio G. 10.159.059.168 en lo que respecta a lesión de confianza y de G. 2.500.000.000 con relación a la estafa, lo que da un perjuicio total de G. 12.659.059.168 y estableció penas de dos a ocho años de cárcel para 15 exdirectivos.
Los expresidentes Celso Alvarenga y Fabio Martínez, la extesorera María Escobar y el protesorero Roberto Israel Alfonso fueron condenados a 8 años de cárcel.
A su vez, Elena Cañiza, Carlos Céspedes, Julio Schupp, Olga Caballero, Alfredo Martínez, Basilicia Miers, Óscar Ojeda, Miguel Ángel Castro, Olga Espínola, Hugo Castillo y Marcelo Noguera fueron sentenciados a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión.
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La acusación estuvo a cargo de los fiscales Alejandra Savorgnan y Giovanni Grisetti, quienes solicitaron una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Alvarenga, Martínez, Escobar y Alfonso y de 2 años para los demás.