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María Esther Roa Correa y Carmen Edid Rodríguez Godoy, presidentas de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y de Somos Anticorrupción Paraguay, respectivamente, solicitaron que a la presidente del Tribunal de Sentencia N° 2 jueza Cándida María Fleitas González, que explique a la ciudadanía el motivo por el cual fijó recién para los días 27 y 28 de marzo de 2023 el inicio del juicio oral y público para el excontralor de la República José Enrique García Ávalos y otros acusados.
También integran como miembros del tribunal de sentencia los jueces Rossana Maldonado y Manuel Aguirre Rodas.
Ambas representantes de las organizaciones civiles sostienen que la causa N° 111/2016 caratulada “Rodolfo Duarte López, José Enrique García y Julio Orlando González Giménez s/ producción de documentos no auténticos”, desde la presentación de la imputación por parte del Ministerio Público, han transcurrido 4 años sin que la administración de justicia dicte resolución en primera instancia, lo que a su vez genera el “caldo de cultivo” para que muchos expedientes catalogados como emblemáticos queden impunes por la vía de la prescripción o en su caso a extinción.
Como dato asimismo, la organización refiere que el excontralor García fue imputado en el 2018 y acusado por la Fiscalía en el año 2019. La audiencia preliminar fue sustanciada el 13 de junio de 2019.
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Jueces culpables de mora e impunidad
Textualmente, ambas organizaciones resaltan en su nota: “La ley es clara, y en ella se señala el plazo que tiene éste tribunal de sentencia para la sustanciación del juicio oral, y de no cumplir con el plazo fijado por la norma, esta magistratura tiene la obligación de argumentar y probar el impedimento a la ciudadanía que exige el fin de la impunidad en Paraguay que es propiciada por los propios magistrados”.
Juicio deba hacerse casi de inmediato
El Código Procesal Penal dispone sobre la realización del juicio oral y público cuanto sigue:
Artículo 365. PREPARACIÓN DEL JUICIO: “El presidente del tribunal de sentencia, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibidas las actuaciones, fijará el día y la hora del juicio, el que no se realizará antes de diez días ni después de un mes.
Las excepciones que se funden en hechos nuevos y las recusaciones podrán ser interpuestas dentro de los cinco días de notificada la convocatoria y serán resueltas por uno solo de los miembros del tribunal. No se podrá posponer el juicio por el trámite o resolución de estos incidentes, por un plazo mayor al establecido en este artículo.
El secretario del tribunal notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos y peritos, solicitará los objetos y documentos y dispondrá toda otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio público”.
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Inhibición de jueces
La última vez que se intentó realizar el juicio oral y público fue el lunes 29 de agosto de 2022. Sin embargo, a la hora fijada para el inicio del juzgamiento solo se presentó la jueza Cándida Fleitas, presidenta del Tribunal de Sentencia que debe juzgar la causa, y comunicó a las partes que hasta ahora no se pudo integrar el colegiado debido a la cadena de inhibiciones de sus colegas que fueron sorteados para el efecto.
La Corte Suprema de Justicia que tiene el poder de disciplina, no ha tomado hasta ahora ninguna disposición para sancionar a los magistrados que con sus conductas han incurrido en la mora judicial que beneficia a los justiciables con la impunidad a través de la prescripción o extinción.
La acusación en el caso Ivesur
Según la acusación del Ministerio Público, el 6 de octubre de 2016, el entonces asesor jurídico del municipio de Asunción, el abogado José Enrique García, se habría valido de un escrito falso para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral por el que se ordenó a la Comuna capitalina a pagar a la compañía Ivesur SA un total de G. 18.975.014.366.
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La empresa Ivesur fue representada por los abogados Juan Ernesto Villamayor, exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y exministro del Interior del actual gobierno, y Sergio Coscia, exprocurador general de la República.
Ivesur ganó a la Comuna una demanda de indemnización por daños, por no exigir la Inspección Técnica Vehicular (ITV) a los rodados que entraban a la capital.
La empresa ITV SA (Ivesur) renunció dos años después a cobrar la deuda de US$ 3,5 millones, que ganó a la Municipalidad de Asunción, a cambio de firmar un contrato por 10 años para seguir explotando la inspección técnica vehicular en la capital.