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Luego de cinco meses en prisión tras ser procesado por supuesta extorsión, el presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Román Zaracho, ahora cumplirá la medida restrictiva de libertad en su casa. Así lo dispuso el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Para el efecto, los camaristas Arnulfo Arias Maldonado (disidente), Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez hicieron lugar a la apelación presentada por el abogado defensor Hugo Rojas contra la resolución dictada el 26 de agosto pasado por el juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás.
Delmás rechazó la revisión de medidas decretadas en el proceso abierto por extorsión, tras argumentar que no se han desvirtuado los presupuestos que motivaron la prisión y por lo tanto, seguían latentes tanto el peligro de fuga como el de obstrucción. Esta decisión coincide con la postura sostenida por el Ministerio Público, que se opuso a la concesión de medidas al líder camionero.
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Al analizar el caso, los camaristas Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez votaron por la concesión del arresto domiciliario a Zaracho, previa imposición de las siguientes medidas: prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado, prohibición de comunicarse con Ios demás coprocesados o testigos por cualquier medio, obligación de comparecer a Ias citaciones de la Justicia, caución real por el monto que considere el juzgado y prohibición de salida del país.
“Este Tribunal de Alzada considera que por la etapa procesal en la cual se encuentra la presente causa, el periodo de investigación ya ha llegado a su fin por Io que conforme al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva establecida en el Art. 19 de la Constitución Nacional y la Acordada N° 1,511, vemos que podría ser evitada tanto la fuga como la obstrucción por medio de la imposición de medidas menos gravosas que la prisión preventiva (...)”, concluyó el tribunal en mayoría.
Voto en disidencia
A su vez, el camarista Arias Maldonado votó por la ratificación de la decisión de Delmás, en atención a que la defensa no presentó las garantías necesarias para garantizar el sometimiento de Zaracho al proceso.
“A la fecha, habiendo transcurrido 04 (cuatro) meses de la comisión del hecho, se ha cumplido el plazo legal a los efectos de comprobar sobre la vigencia de Ia medida cautelar privativa de libertad Art. 250 del C.P.P., segunda parte. No obstante, al formular su pedido, la defensa no ha ofrecido alguna garantía que pueda ser analizada por el Juzgado, a fin de justificar, de alguna manera, la aplicación de medidas o sugerido otras previstas en el Art. 245 del C.P.P. que pueda ser aplicada a dicho efecto”, argumentó Arias.
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Ministro denunció extorsión
Zaracho está procesado con Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina por supuesta extorsión, a raíz de una denuncia formulada por el ministro del Interior, Federico González, quien denunció que los camioneros le pidieron un millón de dólares para evitar los cortes de ruta durante lo que quede de mandato de este Gobierno.
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La exigencia bajó a US$ 300.000 y en la mañana del 13 de abril pasado Zaracho fue detenido en esa secretaría de Estado, tras recibir US$ 50.000, y los demás en un estacionamiento privado ubicado en las cercanías.