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A las 08:00 se iniciará hoy ante el juez Juan Carlos Zárate el segundo juicio planteado por Marta González Ayala y Santa María contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
Este proceso se suma a otro abierto por las mismas personas contra nuestros compañeros de trabajo debido a molestias generadas por publicaciones realizadas por nuestro diario.
Denuncia de humilde familia
En esta ocasión, el matrimonio presentó una querella debido a que ABC Color se hizo eco de la denuncia realizada por Juan Báez, un humilde poblador de la zona de Mbatovi, en el departamento de Paraguarí.
Báez vive hace casi 25 años en el lugar y denunció a ABC Color que Marta González Ayala y su esposo, el abogado Jacinto Santa María, han intentado en reiteradas oportunidades echarlos del que don Juan y su familia consideran su hogar hace dos décadas.
La historia empezó hace un par de años, cuando Vicente Montiel, suegro de Juan Báez, comenzó con el proceso de venta de cerca de 100 hectáreas que poseía en la zona de Mbatovi.
Parte de las tierras fueron vendidas a la firma Ruta 63 SA, que posteriormente las volvió a vender a González Ayala y Santa María.
Si bien Montiel vendió las que eran sus tierras, su familia encontró un remanente fiscal en el que se instalaron porque entendían que formaba parte de la propiedad.
Montiel incluyó una cláusula de usufructo perpetuo, pidiendo que lo dejaran vivir en sus tierras. Cuando González Ayala adquirió las tierras, trató de dejar sin efecto el acuerdo. Así lo relatan los hijos del ya fallecido don Vicente.
Tras la muerte de don Vicente, González Ayala denunció a uno de sus hijos, Virgilio Montiel Galeano; por invasión, y este a su vez presentó una acción por denuncia falsa.
“No podemos hacer nada de Marta González. Ella nos quiere sacar de acá, porque agarró todo y se quedó un terreno fiscal pegado a su propiedad. Dice que todo es de ella”, relató en ese entonces Juan Báez durante una visita de ABC Color, por la que él considera su casa a la altura del kilómetro 93 de la ruta que une Paraguarí con Piribebuy.
Don Juan indicó que su suegro vendió la propiedad en la que González levantó la ecorreserva y que no pudieron titular el pedazo de inmueble que quedó para los descendientes de don Vicente porque era un excedente fiscal. Sin embargo, hace dos décadas que tiene conexión de agua y luz a su nombre. “No es que entré por entrar nomás. Soy nacido y criado acá y ella nos quiere sacar”, sostuvo.
Su cuñado, Virgilio, intentó levantar una piscina natural y un mirador para tratar de captar algunos turistas, además de una modesta casa. “Él es una persona con discapacidad y por eso sentimos más”, manifestó.
“Un día vino la Policía con un juez a echar todo. Con ellos vino Santa María, Jacinto Santa María; el esposo de Marta González”, dijo.
“A mí me denunciaron por levantar una casilla para tratar de vender alguna cosa. Me denunciaron como para mandar echar toda mi casa”, recordó Juan Báez. “Me perjudicaron mucho”, siguió.
Don Juan y su familia ya presentaron en 2009 un pedido formal ante el Indert para iniciar el proceso de titulación, acreditando la posesión. “Nunca nos sale. Ellos atajan todo. Ellos ya tienen sus tierras, ¿por qué no nos quieren dar nuestro lugar?”, insistió.
Denunciaron amenazas
Virgilio Montiel, cuñado de don Juan, fue hasta imputado por el Ministerio Público tras la denuncia presentada por González Ayala.
La declaración prestada por Virgilio Montiel en sede del Ministerio Público luego de ser denunciado por González Ayala y Santa María revela supuestas amenazas por parte de la exviceministra cartista.
Montiel relató que luego de que el matrimonio adquiriera las tierras que originalmente fueron vendidas a la firma Ruta 63 SA, Santa María intentó dejar sin efecto la cláusula de usufructo perpetuo y tanteó ofertas económicas.
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Ante el ofrecimiento, Montiel dice haber conversado con su ya fallecido padre para luego devolverle la llamada a Santa María.
“Allí tomó el teléfono la señora Marta González y me dijo que era mejor que lleguemos a buenos términos, teniendo en cuenta que su marido era abogado y no quería entrar en pleitos”, relató Montiel ante el fiscal Carlos Alcaraz.
“(Dijo) que ella tiene mucho dinero y poder y que nosotros no íbamos a poder hacer nada contra eso”, siguió el testimonio de Montiel en sede fiscal.
Dos querellas unificadas
La publicación de estas denuncias realizadas por Juan Báez generaron que González y Santa María presentaran dos nuevas querellas contra nuestros compañeros, a los que ya habían querellado por publicaciones sobre una millonaria compra realizada con dinero público durante la administración de la exviceministra al frente de la SET.
Las querellas fueron unificadas y quedaron en una que será analizada desde hoy.
“Censura y persecución”, dice abogado Santagada
El abogado Ezequiel Santagada señaló que el juicio contra la directora y un periodista del diario ABC Color, promovido por una exministra del gobierno de Horacio Cartes, es un “claro intento de amedrentamiento”.
En opinión de Santagada, el hecho de que el Poder Judicial haya permitido que un segundo juicio promovido por González contra Zuccolillo y Lezcano se inicie incluso antes de la conclusión del primero es evidencia de un patrón de “injerencia indebida de personas con poder político o económico” que tienen como propósito el desgaste mental y moral de los querellados.
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Según el analista, a la parte querellante “no le importa perder”, ya que tiene los recursos económicos para absorber la derrota judicial y el objetivo del juicio es amedrentar no solo a los querellados, sino también a los periodistas y medios de comunicación en general.
“No es tanto que (Zuccolillo y Lezcano) ganen o pierdan, es que no quieran volver a pasar por una situación como esta, no solo ellos sino todos sus colegas periodistas; es un claro intento de amedrentamiento”, dijo Santagada.
El abogado señaló que el patrón de “censura indirecta” y “acoso judicial” que demuestra el juicio promovido por Marta González es algo que no se ve solo en Paraguay, sino que se usa como estrategia habitual por parte del poder político y económico contra sus críticos.
A pesar de la persecución judicial, ABC Color seguirá con la postura histórica de defender las libertades y de denunciar hechos en los que se ven envueltos el poder político y económico.