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El juez penal de Garantías José Agustín Delmás ratificó la prisión del presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, Ángel Román Zaracho, en el proceso que afronta junto a otros dirigentes del gremio por supuesta extorsión desde abril pasado.
El magistrado tomó la determinación durante una audiencia de revisión de medidas, durante la cual la defensa del conductor insistió en que su defendido no puede seguir recluido en espera de la resolución de incidentes y realización de diligencias requeridas por las partes.
“(...) esta defensa ha solicitado varias diligencias al Ministerio Público a fin de avanzar en la hipótesis defensiva y demostrar de que no hay extorsión. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en eso. Se ha urgido la pericia informática de los teléfonos celulares debidamente presentada al juzgado y aún pendiente de realización por que el ministerio público lo rechaza”, argumenta la defensa, al solicitar el arresto domiciliario de Román Zaracho.
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La Fiscalía se opuso a la concesión de cualquier medida sustitutiva de prisión, tras argumentar que no han variado las circunstancias que motivaron dictar la prisión de Zaracho y, por lo tanto, siguen latentes tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación.
“El Ministerio Público se ratifica en su posición respecto a los presupuestos de la prisión preventiva que nada ha variado a esta altura los requisitos está latente los peligros de fugas y obstrucción el especial el último dado que no se puede avanzar en la diligencia prevista en el art 200 del C.P.P. por la presentación de las partes e impedir este acto. Finalmente, el Ministerio Público con el respeto que se merece la defensa técnica solicita el rechazo de su pedido”, sostuvo el representante de la Fiscalía.
Para juez, situación de camionero no ha variado
“Esta Magistratura considera de que a cuatro meses del inicio de la actual causa penal no han surgido hechos o situaciones que ameriten la sustitución de la medida cautelar o que se encuentran desvirtuados unas de las exigencias previstas en el Art. 242 del C.P.P., estos requisitos siguen plenamente vigentes, es importante mencionar que no han variado dichos presupuestos, así como tampoco se ha suscitado algún hecho nuevo, reciente o relevante que haga una diferencia que amerite la variación de las medidas cautelares impuestas”, argumenta el juez.
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El texto del juez resalta: “No se han desvirtuado los presupuestos que hagan suponer que ya no están latentes tanto el peligro de fuga como el de obstrucción; antes bien se puede colegir que de todas las diligencias que han sido requeridas por el Ministerio Público han sido recurridas por parte de esta defensa técnica, de conformidad a todos los incidentes planteados por el mismo por lo que no ha sido arrimado elemento alguno que haga variar el curso de la investigación”.
Y concluyó: “se desprende además de las manifestaciones realiza en la presente audiencia de revisión de medidas cautelares por la representante del Ministerio Público se ratifica en su posición respecto a los presupuestos de la prisión preventiva que nada han variado a esta altura los requisitos está latente los peligros de fugas y obstrucción el especial el último dado que no se puede avanzar en la diligencia prevista en el art 200 del C.P.P. por la presentación de las partes e impedir este acto, y no habiendo ningún elemento”.
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La denuncia a los dirigentes camioneros por extorsión
Zaracho está procesado con Roberto Merardo Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina por supuesta extorsión, a raíz de una denuncia formulada por el ministro Interior, Federico González. González denunció que los camioneros le pidieron un millón de dólares para evitar los cortes de ruta durante lo que quede de mandato de este Gobierno.
La imputación presentada por los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Solaeche se reunieron en dos ocasiones con el ministro González, el 11 de abril a las 11:00, en la planta principal de Petropar, cuando le exigieron la suma de US$ 1.000.000 para no cerrar rutas.
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Ante la negativa de pagar por parte del ministro, los camioneros bajaron el monto a US$ 300.000 el 12 de abril, en otra reunión, pero ya en sede del Ministerio del Interior. Aquí también recibieron la negativa del secretario de Estado, por lo que los camioneros le solicitaron que su pedido llegue al presidente de la República Mario Abdo Benítez.
Ya el 13 de abril, solo Ángel Zaracho se movilizó hasta la sede ministerial para buscar los US$ 50.000 que le fueron entregados y con los que cayó detenido mientras bajaba por las escaleras para dirigirse a la calle. Dichos billetes de la moneda norteamericana fueron entregados en un operativo fiscal, luego de ser fotocopiados y registrados bajo autorización judicial de Humberto Otazú, conforme a los documentos.
La exigencia bajó a US$ 300 mil y en la mañana del 13 de abril pasado Zaracho fue detenido en esa Secretaría de Estado, tras recibir US$ 50 mil y los demás en un estacionamiento privado ubicado en las cercanías.