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Expresando una “absoluta desconfianza” acerca del futuro desempeño de los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio impugnó la confirmación de ambos agentes, que presentaron la imputación por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) contra el extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas.
En el escrito presentado bajo patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, el exsecretario de Estado solicita a la fiscala general del Estado que aparte de la causa a los fiscales Legal y Sapriza, quienes el lunes último fueron confirmados por el fiscal adjunto Roberto Zacarías en la causa que investiga al exministro del Interior por supuesta coima.
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Para hoy estaba prevista la audiencia de imposición de medidas cautelares de Giuzzio ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás. La diligencia se suspendió debido a que está pendiente un recurso de reposición con apelación en subsidio que presentó la defensa en contra de la admisión de la imputación.
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Fiscales violaron el derecho a la defensa, según Giuzzio
Giuzzio argumenta que los fiscales le negaron que había una investigación abierta en su contra ya desde abril de este año, hecho que la defensa del exministro del Interior fundamentó indicando que se emitieron oficios y declaraciones de testigos contra Arnaldo Giuzzio, tales como la interceptación de llamadas de un número de teléfono perteneciente al ahora imputado.
Por su parte, Guillermo Duarte afirmó que esta negativa de los fiscales para brindarles información sobre la investigación en curso contra su defendido se podría configurar como una negativa del derecho a la defensa.
El letrado agregó que ya en febrero de este año Alicia Sapriza tomó declaración en carácter de testigo a Gilberto Enciso, gerente de la firma “Black Eagle” u “OMBU SA”, la misma que alquiló la camioneta al entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en carácter de un supuesto soborno por parte de la empresa.
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Imputación es por supuesta coima a presunto narco brasileño
Giuzzio fue imputado el pasado viernes por cohecho pasivo agravado y hoy el juez José Agustín Delmás debe resolver si corresponde la apertura de un proceso penal, con la admisión del requerimiento fiscal.
La imputación deriva del “Operativo Turf”, ejecutado el pasado 15 de febrero en simultáneo entre el Brasil y nuestro país. El protagonista en cuestión es Marcos Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien fue detenido durante el procedimiento en territorio brasileño. Tras esta detención fue incautado el teléfono celular del supuesto narco del cual se procedió a la extracción de datos.
Según la imputación, desde el mes de julio de 2021 hasta febrero de 2022, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, en su carácter de ministro del Interior, habría estado en contacto y comunicación con el ciudadano brasileño Marcos Vinicius Espíndola Marqués de Padua, quien administraba y dirigía las empresas Black Eagle SA-OMBU SA.
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Dichas firmas, en ese entonces, se habrían dedicado a varias actividades comerciales, entre ellas el blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, sistema FLATS Over, blindaje de ruedas, alquiler de vehículos blindados, blindaje arquitectónico y ventas de materiales de seguridad”.
Narco brasileño quería proveer al Estado, según Fiscalía
La imputación del Ministerio Público resalta que la intención de Marcos Vinicius Espíndola era mantener un relacionamiento directo y cercano con el entonces ministro del Interior para posteriormente lograr ser proveedor del Estado.
Los fiscales indican que la intención de Marcus Vinicius era proveer de chalecos antibalas y de vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional
Añade que Giuzzio, en el pleno ejercicio de sus funciones propias como ministro del Interior, habría aceptado el blindaje de un móvil de la Policía en concepto de ‘cortesía’, como así también el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para su uso personal–familiar durante un viaje privado, presuntamente vacaciones, a Brasil.
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Ambas ‘gentilezas’ habrían sido cedidas por las firmas Black Eagle Group SA -OMBU SA, representada en todo momento por Marcos Vinicius Espíndola Marqués de Padua, puntualiza la imputación presentada por los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza.