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Este martes compareció ante la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero del Congreso Nacional la ministra asesora del Poder Ejecutivo en asuntos de seguridad, Cecilia Pérez, quien habló sobre el esquema de reforma del sistema penitenciario que el Gobierno busca impulsar para combatir la influencia del crimen organizado en las cárceles del país.
La ministra Pérez señaló que el sistema penitenciario paraguayo está severamente sobrepoblado, con más de 16.000 personas privadas de su libertad en un sistema con capacidad para poco más de 9.000.
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El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, planea un esquema de reforma que contempla el traslado de un importante número de internos a tres nuevos centros penitenciarios a punto de ser terminados y la distribución de estos prisioneros de forma estratégica según perfiles, a fin de individualizar a líderes de organizaciones y separar adecuadamente a los reos de mayor peligrosidad bajo un régimen de máxima seguridad.
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Agregó que será clave la formación de funcionarios penitenciarios, con preparación especializada para aquellos que deban trabajar en zonas de máxima seguridad, además de invertir en programas de rehabilitación y reinserción de personas bajo regímenes de seguridad media o mínima.
Crimen organizado
La ministra Pérez señaló que organizaciones criminales como el clan Rotela y el Primer Comando Capital han vulnerado en forma considerable el sistema penitenciario paraguayo, aprovechando la fragilidad del sistema y consiguiendo colaboración de funcionarios penitenciarios.
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“Algunos grupos tienen mayor acceso con mayor facilidad al dinero y eso permea dentro del sistema cuando una persona gana cinco millones y alguien le ofrece cinco mil dólares por un teléfono”, indicó la ministra.
“Tenemos infiltraciones contra las que tenemos que luchar”, agregó.
La ministra Pérez cuestionó que en muchos casos los castigos a personas señaladas de haber colaborado con grupos criminales se limitan a sumarios administrativos y destituciones que no van acompañadas de imputaciones o avances en investigaciones por parte del Ministerio Público.