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La sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia fue el escenario elegido por el ministro Víctor Ríos para revivir un renuente reclamo del Poder Judicial: el cese de la transferencia al Ministerio de Justicia de un porcentaje del ingreso derivado de las tasas judiciales. En su discurso, quedó claro que el objetivo es destinar dichos recursos a un eventual aumento salarial, así como a la cobertura de necesidades que hacen a las condiciones de trabajo de los magistrados.
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“(...) es importante que la ciudadanía sepa que los magistrados en general hace bastante tiempo no han actualizado sus remuneraciones a los cambios de la economía nacional. Si bien el Paraguay tiene un índice de inflación bajo con relación a lo que ocurre en la región y en el mundo, igual existe inflación, igual el costo de vida aumenta, igual los cambios en ese sentido son importantes y los ingresos de nuestros magistrados no se adecuan, no están enganchados a estos cambios en cuanto a las exigencias de la vida económica del país”, indicó Ríos.
“Entonces, esto es importante porque si bien a nivel mundial uno ve que los poderes judiciales tienen problemas presupuestarios, tenemos que entender como sociedad que si uno no brinda las condiciones mínimas de trabajo para el servidor público, tampoco uno puede esperar grandes resultados. Y en este caso estamos hablando nada menos de personas que deben impartir justicia. El trabajo de todos ellos, de todas estas personas es importante, pero algunos de los magistrados sabemos que trabajan en áreas muy sensibles como crimen organizado, narcotráfico, que además del problema económico, también implica un mayor grado de problema en materia de seguridad personal y familiar”, agregó.
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Prohibición de recibir donaciones
A modo de justificar su postura, el ministro Ríos incluso trajo a colación la buena receptividad de la ciudadanía al proyecto de resolución que prohíbe a los jueces penales beneficiar con donaciones al Poder Judicial en el marco de procesos judiciales.
“En este contexto, es importante que en el estudio del presupuesto estos aspectos se tengan en cuenta. Tenemos que encontrar la manera de mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de vida de los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial porque de lo contrario, vamos a caer en discusiones muy interesantes que vi que es título en varios medios y se festeja que de repente el Poder Judicial ya no va aceptar ciertas donaciones. Ese no es un problema ético, no es un problema moral, es un problema de hecho”, indicó, tras recordar que una jueza de paz comentó que tuvo que usar de sus propios recursos para cubrir necesidades de su juzgado, pese a que el Poder Judicial cuenta con los recursos necesarios para ello.
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Hacienda debe financiar al Ministerio de Justicia
En este punto, Ríos destacó la necesidad de iniciar un diálogo con el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, con el objeto de instalar la propuesta de que, en atención a que el Ministerio de Justicia depende del Poder Ejecutivo, sea el Ministerio de Hacienda el que se ocupe de financiar su funcionamiento con los fondos del Tesoro.
“Entonces, sería un buen gesto, una buena medida de gestión, que el Ministerio de Hacienda a través de los fondos del tesoro, a través de la famosa Fuente 10, se encargue de financiar un ministerio que pertenece al Poder Ejecutivo” acotó.
Ríos precisó que de esta manera, el dinero que hasta entonces se deriva al Ministerio de Justicia, podría ser redireccionado para la cobertura de problemas de infraestructura, de incorporación de tecnología y otros que hacen a la logística del funcionamiento del Poder Judicial, además de “mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los magistrados y las magistradas sin recurrir a la famosa Fuente 10, sino con recursos propios del Poder Judicial”.
“Fíjense lo que va a significar esto en términos presupuestarios, que el Poder Judicial pueda disponer de ese 21% y que hoy se destina al Ministerio de Justicia. No solamente vamos a poder solucionar los problemas de infraestructura, de incorporación de tecnología, los problemas que tienen que ver con la logística de funcionamiento del Poder Judicial, sino seguramente también vamos a poder mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los magistrados y las magistradas sin recurrir a la famosa Fuente 10, sino con recursos propios del Poder Judicial. Esto hace también a la buena administración, a la buena gestión estatal de los recursos públicos”, acotó.
Tanto el ministro Manuel Ramírez Candia como el ministro Eugenio Jiménez expresaron su acompañamiento a lo expresado por su colega Ríos.
Actualmente, un juez de primera instancia tiene un salario de G. 14.181.000 más gastos de representación de G. 3.625.000.
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Distribución de tasas judiciales
De acuerdo al informe de gestión de la Corte Suprema de Justicia del año pasado, hasta el 31 de octubre del 2021, el Poder Judicial recaudó un total de G. 432.231.063.177, de los cuales el 13,18%, específicamente G. 56.989.552.552 fueron transferidos al Ministerio de Justicia.
La suma restante fue distribuida de la siguiente manera:
- Corte Suprema de Justicia, G. 250.980.729.410 (58,07%);
- Ministerio Público, G. 51.640.340.486 (11,95%);
- Ministerio de Defensa Pública G. 78.219.609 (0,02%)
- Consorcio G. 72.542.221.120 (16,78%).
El próximo 23 de agosto es la fecha fijada para la sesión extraordinaria de la Corte para el tratamiento del presupuesto del Poder Judicial 2022.