Cargando...
Hoy, en la segunda jornada de la audiencia preliminar iniciada ayer, la fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, se ratificó en la acusación presentada contra varias de las doce personas sindicadas de integrar la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
En los primeros días de la audiencia preliminar, la agente fiscal se ratificó en su acusación con relación a los contadores Mauro Mereles (expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero) y Diosmede Aguilera, la esposa y hijo del segundo, Juana Estela Cardozo de Aguilera y Luis Carlos Aguilera; el también contador Luis Gregorio López, Eduardo de Oliveira Moleirinho, Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos y José Félix Arévalos.
La audiencia prosigue en la fecha, con la exposición de Ledesma con relación a los acusados Liz Agustina Benítez, Arnaldo Arévalos, Félix Arévalos, Reinaldo Candia Cristaldo, Emil Óscar Moreira Pinto y Nadir Drusila Ibarra.
Posteriormente, los acusados tendrán oportunidad de ejercer su defensa.
Investigación al grupo Da Rocha, tras operación Spectrum
La acusación presentada en diciembre del 2018 por la fiscala de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, es por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
El Ministerio Público sostiene que los acusados integraron sociedades de fachada, para disimular el origen del dinero que ingresaba, mediante la compra de establecimientos ganaderos, ganado y actividad agrícola.
Lea más: ¿Podrá nuestra justicia desactivar megaestructura de Cabeza Branca?
En el 2017 se llevó a cabo la operación Spectrum en dos etapas. La primera se ejecutó el 1 de julio, en la ciudad brasileña de Sorriso, Mato Grosso, con la captura del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, quien llevaba 30 años prófugo de la justicia.
La segunda fase de Spectrum se desarrolló en Paraguay en diciembre, con la aprehensión de varias personas vinculadas con la organización y la inmovilización de bienes por más de US$ 100 millones