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El juez de Garantías Miguel Ángel Palacios convocó para el 30 de agosto la audiencia preliminar para el suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero, acusados de alterar el sistema informático policial en 11 ocasiones para beneficiar a José Luis Bogado Quevedo, quien fue herido en el Ja’umina Fest de San Bernardino y tenía orden de captura con fines de extradición al Brasil por un caso de narcotráfico.
La semana pasada, los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, presentaron la acusación en contra de los agentes por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba, y solicitaron que la causa se eleve a juicio oral y público.
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En el tiroteo ocurrido durante el “Ja’umina Fest”, en San Bernardino, el 30 de enero de este año, murieron la influencer Cristina Vita Aranda y el supuesto narco Marcos Ignacio Rojas Mora, y también resultó herido José Luis Bogado Quevedo, quien fue detenido ese día.
Diligencias realizadas en la investigación del ataque a tiros permitieron conocer que agentes de la Policía Nacional estaban involucrados en la alteración del prontuario de Bogado Quevedo, quien desde el 2019 cuenta con orden de captura con fines de extradición al Brasil, donde incluso tiene una condena por narcotráfico.
Modificaron 11 veces los datos de presunto narco
En febrero último, el entonces director de la Dirección Técnica y Científica de la Policía, comisario general inspector Francisco Andino, informó a ABC que entre los tres uniformados realizaron 11 modificaciones al perfil de antecedentes judiciales de José Luis Bogado Quevedo.
El Ministerio Público constató que el 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía recibió el Oficio N° 4, del 27 de diciembre de 2018, a través del cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Elio Rubén Ovelar Frutos, pidió la detención con fines de extradición de José Luis Bogado Quevedo.
Dicho oficio fue cargado al sistema informático policial el 4 de enero de 2019, a través del operador con usuario “medinas”, todo lo dispuesto por el órgano judicial. El operador llenó así el campo correspondiente de la causa: el dato de “detención con fines de extradición” y en el campo correspondiente a estado con el dato de “prisión preventiva-captura”.
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Un año después, el 6 de enero de 2020, el suboficial superior Ayala Caballero, del Departamento Judicial de la Policía, operador con usuario “ayalaf”, ingresó para consultar los datos de Bogado Quevedo y modificó los mismos, correspondientes al campo de estado, cambiando la “prisión preventiva-captura” a “antecedentes”.
Modificó además el de número y fecha de nota, cambiando “n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018″ por “n.° 1206 de fecha 12 de diciembre de 2019″, y el juez “Elio Rubén Ovelar” a “Rolando Duarte”.
El 20 de mayo de 2020, nuevamente el operador policial “ayalaf” ingresó a la ficha de Bogado Quevedo e introdujo el dato: S (que significa sobreseimiento) en el campo correspondiente, además en el campo de sentencia, consignó: “AI 1.185″.
Cargaron datos originales y volvieron a alterar información
El 28 de agosto de 2020, otra vez el suboficial superior Ayala Caballero, con el usuario “ayalaf”, ingresó por última vez a la ficha de Bogado Quevedo, esta vez para volver a cargar los datos originales, es decir, “nota n.° 4 de fecha 27 de diciembre de 2018; juez: Elio Rubén Ovelar Frutos; estado: detención preventiva-captura”.
Esta vez, el suboficial Vargas Espinoza, con usuario informático “vargasr”, ingresó el 23 de abril de 2021 desde la Dirección de Policía de Ñeembucú y modificó la ficha de consulta de Bogado Quevedo, cambiando a la “nota n.° 212 de fecha 20 de abril de 2021″, la causa a: “incumplimiento del deber legal alimentario; la sentencia: “AI 644″; la situación: “E” (significa extinción de la acción); las observaciones: “homologar acuerdo conciliatorio – extinción de la acción penal”; número de causa: “49-2006″; y el estado: “antecedentes”.
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Ese mismo día, el uniformado “vargasr” modificó la carga hecha previamente, cambiando las observaciones a: “corresponde al orden 1 (uno)” y la situación a: “N” (que significa nulidad).
Por último, el 31 de enero de 2022, un día después del ataque, el usuario “vargasr” ingresó a la ficha de Bogado y alteró todos los datos volviendo al estado original. Sin embargo, este ingresó nuevamente por última vez, ese mismo día, y cambió la causa de “incumplimiento del deber legal alimentario” a “detención con fines de extradición”, manteniendo los otros datos ya cargados.
Cámara confirmó extradición de presunto narco al Brasil
El Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, integrado por los magistrados Gustavo Adolfo Ocampos González -presidente-, Gustavo Enrique Santander Dans y Andrea Vera Aldana, dio a conocer ayer la resolución por la cual se resolvió la extradición al Brasil de José Luis Bogado Quevedo -alias Kure-, quien cuenta con una condena y orden de captura en ese país por causas relacionadas al narcotráfico.
Bogado Quevedo fue sindicado como uno de los objetivos del atentado -en el que resultó herido- en el anfiteatro de San Bernardino cuando se celebraba el concierto “Ja’umina Fest” el 30 de enero de 2022, día en el que resultaron víctimas fatales del ataque la influencer Cristina “Vita” Aranda y el supuesto narco Marcos Ignacio Rojas Mora.
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Ya en mayo pasado, el juez penal de garantías Rolando Duarte archivó el proceso de “Kure” debido a que las autoridades del vecino país no habían remitido la documentación pertinente en el plazo establecido en el Tratado de Extradición, pero también se abrió un nuevo proceso en la fecha.