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El equipo técnico que lleva adelante la intervención a la institución departamental, que es encabezada por el abogado designado por el Poder Ejecutivo, Pablo Vera Insaurralde, informó que se detectaron nuevas irregularidades que se suman a la larga lista de supuestos hechos de corrupción bajo la administración del hoy apartado gobernador colorado cartista Juan Carlos Vera Báez. En esta ocasión, se encontraron documentos y facturas correspondientes a la compra de medicamentos por un total de G. 444.774.000, que debía ser destinado para ayuda social durante todo el 2022, pero supuestamente los fármacos ya se retiraron en su totalidad y se pagaron por ellas en menos de un mes.
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Diego Sánchez, miembro del equipo interventor, indicó que no se sabe dónde fueron a parar los medicamentos que fueron adquiridos, porque no fueron proveídos al policlínico “San Miguel”, centro asistencial que depende de la Gobernación.
“Lo que queremos constatar ahora es dónde fueron a parar esos medicamentos, no pasó por el policlínico, en teoría fueron entregados directamente a los supuestos pacientes o a las personas que presentaban una receta. Esto supuestamente se entregaba desde la misma farmacia, se daba la autorización y ahí se entregaba, la gente venía a la Gobernación con sus recetas y aquí el gobernador le autorizaba para el retiro”, explicó Sánchez.
Asimismo, señaló que “lo que ahora está bajo la lupa es el detalle de la ejecución, porque se hizo una ejecución bastante grande y en un tiempo bastante breve; tenemos los documentos que nos presentó el secretario departamental de salud y por parte de la farmacia adjudicada, estamos haciendo el cruzamiento de datos para ver si se retiraron los medicamentos realmente”, sostuvo el miembro interventor.
Según consta en los papeles y en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la empresa adjudicada, Distribuidora Fátima, de la señora Alicia Inés Resquín Duarte, el 25 de mayo pasado firmó un contrato de adquisición de productos farmacéuticos con el gobernador Juan Carlos Vera Báez por un monto de G. 444.774.000 que se pagó en su totalidad el 21 de junio, menos de un mes, coincidentemente antes de que se iniciara el proceso de intervención que arrancó el 24 de junio.
Recetas eran del sanatorio del gobernador
También se pudo constatar en los documentos proveídos por la farmacia adjudicada, las recetas que se presentaban en su mayoría eran propias del sanatorio “Neurociencias Guaireña”, propiedad del gobernador Vera Báez. El mismo firmaba como médico tratante y como gobernador.
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En otros documentos, también se pudo observar que varios funcionarios de la institución e inclusive jefes de algunas secretarías departamentales presentaban recetas del sanatorio del gobernador para el retiro de los medicamentos. Entre algunos que podemos citar, aparece la encargada de la Secretaría de Deportes, Ruth Rojas, y el secretario de Gabinete, Enrique Cantero, ambos apartados actualmente por la intervención, además del funcionario, Oscar Gutiérrez, entre otros, que supuestamente retiraron medicamentos como ibuprofeno, omeprazol, paracetamol, caramelos Miracle, ivermectina, entre otros.
Esto se suma a la lista de irregularidades detectadas en la Gobernación del Guairá con el despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 que debían utilizarse para hacer frente a la pandemia y para la reactivación económica del departamento.
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