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En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado Rodrigo Yódice, representante legal de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, habló del juicio que sus defendidos enfrentan desde hoy, planteado por Marta González Ayala, exviceministra de Tributación durante el gobierno de Horacio Cartes, quien acusa a los querellados de difamación por una serie de publicaciones sobre el proceso de licitación para la implementación del nuevo sistema Marangatu realizadas entre marzo y abril de 2019.
“En un país poco proclive al respeto de los postulados democráticos, donde persistentemente los factores políticos partidarios del poder han pretendido socavar la institucionalidad, es la prensa la que permite el pluralismo democrático y el acceso a aquello que la gente tiene derecho a conocer”, dijo el abogado.
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Opinó que la querella, en la que la exviceministra González pide una indemnización de un millón y medio de dólares y pena de prisión para Lezcano y Zuccolillo, “pretende una censura directa a uno de los postulados más fundamentales que hacen a las libertades. Esto no es simplemente un debate de naturaleza jurídica, sino algo que debería interesar a toda la ciudadanía”.
La causa del juicio
En marzo de 2019, luego de recibir documentos sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones acerca de cuestiones relacionadas al interés público.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones a un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa, y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.
El llamado a licitación fue publicado en abril de 2016 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas bajo el ID 306.012. Alegando urgencia impostergable, se propició evitar la competencia y finalmente se impulsó una contratación directa por la vía de la excepción. Menos de dos meses después, en junio de 2016, la licitación fue adjudicada al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, del que la propia viceministra González era directiva.
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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó la veracidad de las publicaciones de ABC Color, aunque anunció que no detectó irregularidades en el proceso de licitación en cuestión. Sin embargo, posteriormente, la Contraloría General de la República hizo un análisis que sí halló cuestionamientos al procedimiento de adjudicación.
“Actuamos de buena forma”
El periodista Juan Carlos Lezcano opinó que “en caso de que la Justicia funcionara correctamente” debería haber un fallo favorable a los querellados, señalando que “lo único que hicimos es publicar un relato de hechos objetivo sobre un proceso de compra con dinero público”.
El periodista agregó que “está comprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta clase de proceso busca la censura indirecta”, intentando disuadir a los periodistas de hacer publicaciones que incomoden a las autoridades.
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“Te hacen pasear por el Palacio de Justicia, te hacen sentir a través de sus medios y operadores en redes sociales que sos una especie de preso común. Claramente, es un ataque a la libertad de expresión”, declaró.
Sin embargo, expresó optimismo sobre el resultado del juicio.
“Sé que actuamos de buena forma, de buena fe, de forma honesta”, concluyó.