Contraloría revela que se “esfumaron” G. 34.000 millones de la Conatel

En una auditoría de 83 páginas, que culminó en más de dos años, la Contraloría reveló que en el ejercicio del año 2020, la Conatel, a cargo de Juan Carlos Duarte Duré, no pudo justificar una diferencia de G. 34.000 millones entre la facturación y recaudación de la entidad. Además, en plena pandemia, gastó millones en becas y capacitación.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Ing. Juan Carlos Duarte Duré, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

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En una auditoría de cumplimiento que la Contraloría General de la República (CGR) realizó a la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel), correspondiente al ejercicio del 2020, que culminó en abril de este año pero que se dio a conocer ayer, se pudo corroborar el manejo discrecional de los recursos públicos de dicha institución en el mencionado periodo, bajo la presidencia de Juan Carlos Duarte Duré.

Uno de los puntos que reveló el ente de control es que de la comparación realizada entre los saldos reflejados en el estado de resultados y el listado de ejecución de ingresos, al cierre del ejercicio fiscal 2020, se constató que del total facturado por venta de servicios, tasas y derechos, multas, aranceles y servicios varios de G. 291.564 millones, se recaudó la suma de G. 257.401 millones, quedando un saldo pendiente de cobro de G. 34.162 millones, que la estatal no pudo justificar.

Esto significa que del total facturado, un 11,72% no fue cobrado o no se sabe dónde fueron a parar los recursos, ya que la Conatel no remitió a la CGR los documentos correspondientes sobre la millonaria diferencia entre la facturación y la recaudación.

La Contraloría destacó que hay una diferencia de más de G. 34.000 millones entre la facturación y recaudación.
La Contraloría destacó que hay una diferencia de más de G. 34.000 millones entre la facturación y recaudación.

La CGR también resaltó en su informe que al cierre del ejercicio fiscal 2020, la Conatel utilizó la modalidad de “carta de crédito”, para “garantizar” las obligaciones contraídas con sus proveedores, con un manejo discrecional de los recursos de la institución.

En este sentido, como procedimiento operativo, transfirió al Banco BBVA la suma de G. 60.010 millones por la emisión de “cartas de crédito”, comprometiendo así su disponibilidad antes de que se realice la entrega efectiva de los bienes y/o servicios por parte de los proveedores en cumplimiento de los respectivos contratos vigentes.

La CGR agrega que en este caso, está transgrediendo los dispuesto en el artículo 271 de la Ley N° 6469/2020 (que aprueba el presupuesto del 2020) y el artículo 22 de la Ley N° 1535 de fecha 31/12/1999 “De Administración Financiera del Estado”.

Al mismo tiempo, la CGR enfatizó que también quedó evidenciado que esta operación fue controlada exclusivamente por el banco emisor de la “carta de crédito”, atendiendo a que es el que provee a la Conatel el saldo de las cuentas de cartas de créditos a través de correos electrónico y sólo a petición y no de forma mensual.

Becas sin concurso y capacitaciones millonarias en pandemia

El informe de la Contraloría también resaltó que en los meses de enero, marzo, mayo, agosto, junio, setiembre, octubre y diciembre del periodo 2020, la Conatel desembolsó el importe de G. 2.216 millones por ayuda económica en concepto de becas a estudiantes universitarios o pasantes, sin previo concurso de méritos y actitudes, incumpliendo lo establecido en las reglamentaciones vigentes específicamente en el Anexo A del Decreto N° 3264 de enero del 2020, por el cual se reglamenta la Ley N° 6469.

Otras irregularidades que reveló la CGR es que la Conatel pagó G. 341 millones para capacitación del personal, en plena pandemia, sin tener un plan anual para ello y desembolsó G. 413 millones más en capacitación sin tener en cuenta la duración mínima exigida. También se benefició con cursos a pasantes por G. 166 millones, cuando estas formaciones deben ser sólo para funcionarios contratados o permanentes.

No se sabe si estas anomalías fueron remitidas al Ministerio Público para la identificación de hechos punibles.

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